Al plantear un recurso, el Gobierno Trump busca que el máximo tribunal estadounidense revoque las decisiones de cortes inferiores que declararon ilegal la medida, promulgada a través de una proclamación presidencial el 20 de enero de 2025, el mismo día en que el magnate inmobiliario retornó al poder.
La orden emitida por el Supremo este viernes admite el recurso, pero limita su examen a dos de las tres cuestiones planteadas por la Administración -la legalidad del veto al asilo y los límites de los tribunales para proteger colectivamente a aquellos afectados-, sin pronunciarse todavía sobre el fondo del litigio.
El caso gira en torno a la potestad del presidente estadounidense para restringir el acceso al asilo.
La legislación federal permite solicitar esa protección a quienes temen sufrir persecución en sus países, independientemente de cómo lleguen a Estados Unidos, pero el Gobierno del republicano sostiene que puede denegar esa solicitud de forma general a migrantes afectados por la orden y que no está obligado a tramitar solicitudes destinadas a ser rechazadas.
Los abogados de las organizaciones que impugnaron la prohibición defienden en cambio que las solicitudes deben evaluarse individualmente y que el presidente no puede impedir de manera unilateral que sean presentadas.
Las restricciones adoptadas en enero de 2025 han seguido vigentes durante todo el litigio y se prevé ahora que el Supremo escuche los argumentos de las partes en los próximos meses y dicte sentencia antes de que concluya el año judicial en junio de 2027.