En la vista de extradición que se celebra este viernes, la Fiscalía apoyará la entrega del filántropo, en prisión desde su detención el 10 de julio en Ibiza, mientras que su defensa, a manos del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, se opondrá a la reclamación, que considera una persecución política de la administración Trump por el apoyo de Chambers a la causa palestina.
Estados Unidos solicita su entrega por presunto blanqueo internacional de capitales en relación al envío fondos a Túnez y al pueblo palestino, y que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.
En su informe a la Sala, la Fiscalía rechaza que haya una motivación política y apunta que los delitos análogos por los que se le reclama serían financiación del terrorismo, daños, desórdenes públicos terroristas o coacciones terroristas, así como integración en grupo terrorista.
La documentación aportada por EEUU, y que recoge la Fiscalía, atribuye a Chambers haber participado en "actos de violencia directa" contra las instalaciones de una empresa fabricante de armamento israelí en Estados Unidos tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.
Se le acusa de comprar "candados, cadenas y cables flexibles que su habrían usado en el ataque", de atarse a las puertas del edificio, de llamar a la protesta en redes sociales o de "dirigir" una reunión para organizar una "acción planificada" que buscaba cortar el tráfico y colgar pancartas desde la empresa.
El 20 de noviembre de 2023 numerosas personas se congregaron en dicha sede, algunas bloquearon el acceso al edificio, cuya fachada fue "vandalizada", las ventanas estaban rotas y un candado impedía el paso, según los documentos de EEUU.
La defensa de Chambers argumenta que estos hechos ya fueron juzgados en EEUU, y los acusados condenados a unos 60 días de prisión; mientras que para el filántropo piden 5 años de cárcel, "lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud".
Las autoridades estadounidenses también le reclaman por transferencias que, según sostienen, buscaban "promover las actividades ilícitas anteriormente mencionadas y promover acciones violentas que beneficien a Hamás".
Chambers Jr. y su defensa han negado con rotundidad todas estas acusaciones y han expuesto que los fondos transferidos fueron destinados a un equipo de fútbol en Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en territorio palestino.
También han denunciado "mala fe" de Estados Unidos en la traducción que sustenta su reclamación para agravar los hechos y confundir a las autoridades españolas, al vincular a Chambers con la "promoción de actividades terroristas", algo que -subrayan- no está en los cargos.