El también integrante de la comisión encargada de la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia señaló que se ha conversado sobre la inclusión de los seis criterios establecidos en el Plan de Acción de Rabat, los cuales consideran el contexto, la categoría del emisor, la intención, el contenido, la extensión y la probabilidad de causar daño.
En declaraciones a la prensa, Arreaza señaló que la idea también es formar a quienes vayan a aplicar la ley para que no se repitan los "excesos y abusos" que, reconoció, hubo en la ejecución de la normativa vigente.
El excanciller aseguró que se trata de una reforma "profunda" que incluye la derogación de los artículos que establecen penas de prisión, los cuales "han sido criticados por buena parte del país", y en su lugar "se están planteando tipos de sanciones", algo que también han cuestionado activistas, quienes exigen que se derogue la ley entera.
"Incluso, estamos pensando en disculpas públicas", expresó Arreaza, quien defendió la vigencia de la ley con reformas, al advertir que "el odio en la política existe".
En todo caso, aseguró que se eliminará la palabra odio del título, al ser "difusa y compleja de definir".
La ley actual establece penas de prisión de 10 a 20 años a quien públicamente "promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia".
El pasado septiembre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento reformar la ley, impulsada por el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura en enero, y promovida en su momento por la propia líder chavista.
Esta norma ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del "marco legal represivo" aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
Rodríguez expresó en septiembre que la ley "lamentablemente fue mal aplicada" y "se hizo un uso abusivo" de ella.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) criticó este jueves que el proyecto de reforma establezca multas que puedan afectar a periodistas y medios, que se estiman entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, es decir, entre 500 y 10.000 euros, además de trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
La ley fue aprobada en 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de masivas protestas antigubernamentales.
Desde entonces, al menos 927 personas fueron acusadas de "incitación al odio", según datos difundidos en septiembre por la ONG Foro Penal.