"Alertamos a nivel nacional e internacional en este momento la detención arbitraria e ilegal del abogado Edy Tabora, del Bufete para los Pueblos y de la OFRANEH, en la posta policial de Satuye, exigimos su inmediata liberación", indicó la coordinadora de la organización de garífuna, Miriam Miranda, en un mensaje en la red social X.
Agregó que "este gobierno -que preside Nasry Asfura- está metiéndose en graves problemas, insiste en también criminalizar y judicializar a los abogados de los movimientos sociales" y que "esto muestra el abuso de poder de la Policía Nacional de Honduras, las armas de fuego nos les permite escuchar y razonar".
Señaló además que "el lema de la Policía Nacional es 'Servir y Proteger' y lo que hacen es perseguir al pueblo hondureño".
Según un video difundido por la OFRANEH, Tábora fue detenido y esposado con las manos hacia atrás, y cuando él le preguntó por qué a un oficial de la Policía Nacional, la respuesta que tuvo fue porque se oponían a un "registro corporal".
Tábora le pedía al policía que le dijera cuál era el delito que había cometido, pero el oficial no supo responderle claramente e insistía en que era una "revisión de rutina".
El defensor de la OFRANEH, al parecer, viajaba en un vehículo particular con otras tres personas afrodescendientes, y según el mismo oficial, se oponían a bajarse cuando fueron requeridos como parte de una "revisión de rutina nada más".
En un segundo mensaje en X, Miranda expresó que Tábora "ya ha sido liberado, pero continuaremos denunciando permanentemente estos abusos de poder que en nada contribuyen a la paz y la tranquilidad de una nación".
Esa detención temporal se da en medio de que la OFRANEH ha exigido al Estado hondureño, con un campamento instalado hace dos meses en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, que responda por el incumplimiento de cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictadas en 2015, 2023 y 2026.
La OFRANEH ha reiterado que las sentencias de la Corte-IDH son por violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), todas en el Caribe hondureño.