La medida suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos.
"Con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público, se ha decretado estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, vigente a partir del día de hoy", informó el Ejecutivo guatemalteco en un comunicado.
Junto a la disposición legal, el Ministerio de la Defensa Nacional informó en sus canales oficiales sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad para tomar el control operativo de la región.
"Con el apoyo de la Fuerza de Tierra y la Fuerza de Aire, se mantienen puestos de registro y de control, seguridad de ruta, patrullajes y reconocimiento aéreo en Zacapa, Izabal y Chiquimula, para ofrecer a la población un entorno de orden, seguridad y confianza", señaló la institución militar sobre las operaciones conjuntas con la Policía Nacional Civil en corredores estratégicos del este del país y en la provincia colindante de Chiquimula —a 170 kilómetros al este de la capital—.
La decisión gubernamental responde a un marcado repunte de la violencia en Zacapa, que se inició el pasado 27 de septiembre en el municipio de Huité —a 140 kilómetros al este de la capital—, donde un grupo armado ejecutó a ocho personas —entre ellas tres mujeres y un menor de edad— en distintas escenas del crimen, en un hecho que permanece bajo reserva judicial.
A este antecedente se sumó el atentado perpetrado el pasado 6 de noviembre en el vecino municipio de Río Hondo —a 135 kilómetros al este de la capital—, donde el diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz, de 36 años, y tres agentes policiales de su escolta murieron tras ser emboscados por hombres armados en la misma provincia.
La escalada criminal continuó la madrugada del viernes con una incursión armada en la aldea La Majada, Zacapa, donde hombres con vestimenta camuflada irrumpieron en la comunidad y ejecutaron a cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos.
Horas después, en Puerto Barrios, cabecera de Izabal, un ganadero y un agricultor fueron emboscados y asesinados a tiros a bordo de su vehículo. Las autoridades guatemaltecas no han confirmado vínculos entre los ataques ni reportan capturas.
La violencia en estas zonas fronterizas con Honduras coincide con las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza por tráfico internacional de drogas.
Las autoridades locales y agencias internacionales señalan a estas estructuras narcocriminales de disputar el control territorial y de las rutas del narcotráfico en las provincias hoy bajo estado de excepción.
"Las instituciones de seguridad coordinarán las acciones necesarias para resguardar a la población y garantizar la tranquilidad de las comunidades, con pleno apego a la ley y respeto a los derechos humanos", concluyó el Gobierno de Guatemala en el comunicado.