El proyecto de ley, de 55 artículos, clasifica como terrorista a este movimiento chií aliado de Irán, así como a sus organizaciones políticas, militares y civiles, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Representantes.
La legislación fue mandada al presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, para su promulgación, y criminaliza la promoción de "ideologías de supremacía dinástica y sectaria" del grupo, que controla la capital, Saná, y amplias zonas del noroeste del país desde el inicio de la guerra en 2014.
También abarca delitos que incluyen la toma de la autoridad del Estado, el asedio a ciudades y privar de alimentos a las poblaciones, el ataque a civiles e instalaciones públicas, la colocación de minas terrestres, los ataques al transporte marítimo internacional y el reclutamiento y armamento de combatientes.
Los castigos pueden llegar hasta la pena de muerte, de acuerdo con el texto, que fue aprobado tras la revisión de un comité parlamentario especial después de dos días de debate, que sirvieron para establecer un marco legal nacional detallado que rija esta designación.
Asimismo, el Parlamento hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas para cortar la financiación y el suministro de armas a los hutíes, que han avanzado en varios frentes en los últimos días en las zonas suroccidentales del Yemen.
A mediados de octubre, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán y que respaldan al Gobierno yemení- pidieron a la comunidad internacional que designe a los hutíes "como grupo terrorista" por sus "amenazas" a la paz de Oriente Medio.
Varios países, como Estados Unidos, Canadá o Emiratos Árabes Unidos, han designado a los hutíes como organización terrorista pese a las advertencias de la ONU de que esta medida podría tener graves consecuencias humanitarias para la población que vive en zonas del Yemen bajo control de los rebeldes.
