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La Justicia de paz colombiana imputa crímenes de guerra a antiguos mandos militares

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Bogotá, 17 nov (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes del Ejército y la Policía, entre ellos un brigadier general y varios coroneles, por violencias basadas en género contra civiles en el conflicto armado.

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La imputación de este martes alcanza a 16 antiguos militares y dos policías por hechos entre 1978 y 2016, cometidos directamente por agentes estatales o en alianza con grupos paramilitares.

"La JEP documentó 565 casos con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas", explicó la vicepresidenta de la JEP, Diana Vega, al advertir que el registro no representa la totalidad de las violencias ocurridas porque "aún existe un alto subregistro".

Entre los antiguos mandos llamados a reconocer responsabilidad están el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, señalado por omisión en la incursión paramilitar en Tibú y La Gabarra, en el departamento de Norte de Santander (noreste), en 1999; y el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, vinculado también a los hechos de Lengupá, departamento de Boyacá (centro), en 1991.

También figuran los tenientes coroneles retirados Orlando Hernando Pulido Rojas, por La Cabuya (Arauca, 1998), y Alfonso Moya Molina, por Chiscas (Boyacá, 2003); los coroneles retirados Jorge Augusto Terán Pineda y Édgar Omar Urbina Carrillo, por hechos en Putumayo y Meta, y el mayor de la Policía Gregory Ernesto Amado Rueda, por la masacre de Chiscas.

Cuatro de los comparecientes fueron llamados como autores por omisión, 13 como coautores por su contribución a alianzas con paramilitares u operaciones militares y uno como coautor y autor de estos delitos.

La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que comprenden, por un lado, ataques contra civiles bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos directamente o en coordinación con grupos paramilitares, y, por otro, violencias de género utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo o disciplinamiento.

Durante la presentación de la decisión, la JEP dio cuenta de la magnitud de los crímenes cometidos durante la incursión paramilitar en Tibú, donde entre mayo y diciembre de 1999 al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 sometidas a desaparición forzada y 48 torturadas.

Además, más de 50 personas fueron víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, mientras que más de 2.000 habitantes fueron expulsados del municipio y desplazados forzosamente.

El expediente incluye además la violencia sexual y los asesinatos de dos niños y una niña en Tame (Arauca) en 2010, razón por la cual la JEP busca establecer la responsabilidad de superiores del entonces oficial Raúl Muñoz Linares, condenado por la Justicia ordinaria.

Los delitos imputados incluyen persecución por motivos de género, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual, asesinato, homicidio, tortura, desaparición forzada, desplazamiento y traslado forzoso de población, además de tratos crueles y otros actos inhumanos.

Una vez notificados, los 18 comparecientes tendrán 15 días hábiles para manifestar si reconocen total o parcialmente los crímenes o si rechazan su responsabilidad. Si no reconocen los cargos, la jurisdicción podrá remitir el expediente a su Unidad de Investigación y Acusación, para que evalúe la posibilidad de llevarlos a juicio.

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