"Aunque no hemos tenido acceso al texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado propuesto de personas desde cinco países de la UE a Ruanda, un país con el que (los migrantes) no tienen ningún vínculo real y que afronta sus propios problemas en materia de derechos humanos", indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
En un comunicado al respecto, la oficina de la ONU añadió que la solución a las cuestiones migratorias "no pasa por medidas aisladas, a menudo muy costosas, consistentes en buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gestión migratoria, ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos".
Según el organismo que lidera el alto comisionado Volker Türk, la respuesta debería ser "un análisis más profundo de las causas que impulsan la migración", incluidas las desigualdades y "un sistema económico y financiero injusto que perjudica a numerosos países del Sur Global", así como el aumento de los conflictos.
Al mismo tiempo, muchos países receptores de migrantes sufren problemas de envejecimiento de sus poblaciones, afrontan escasez de mano de obra en sectores importantes y dificultades para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de protección social, enfatizó.
"Sabemos hasta que punto las cuestiones migratorias se han vuelto difíciles, politizadas y polarizadoras", aseguró la oficina.
Ante ello, la oficina pide un "enfoque integral", basado en los derechos humanos y que amplíe las vías de migración regular, reconociendo además las "enormes contribuciones" de los migrantes a las sociedades y economías europeas.
El lunes, otra agencia de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), subrayó que ha recibido una solicitud de Ruanda para prestarle apoyo operativo en el anunciado centro, y señaló que está abierta a ello.
El apoyo estará condicionado a que "se respeten las normas internacionales", afirmó en un comunicado la organización, agregando que no participa en expulsiones forzosas, detenciones, actividades policiales o funciones de seguridad.
La iniciativa es posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado; la normativa permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.
El texto -al que España se opuso desde su concepción- contempla la obligación de abandonar de forma inmediata, o en un plazo determinado, el territorio comunitario para los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular, aunque "respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional".
