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Minera canadiense pedirá a Panamá "estabilidad a largo plazo" en negocio por mina cerrada

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Ciudad de Panamá, 17 nov (EFE).- La filial panameña de la minera canadiense First Quantum Minerals dijo este martes que pedirá "estabilidad a largo plazo" en las negociaciones anunciadas por el Gobierno en busca de un nuevo esquema de explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, cerrada desde 2023 por un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión.

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El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció el lunes que autorizó el inicio de las conversaciones con la empresa Minera Panamá, la filial de First Quantum, que se espera comiencen la próxima semana, según dijo este martes el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Julió Moltó.

La idea es llegar a un nuevo esquema de explotación del yacimiento, distinto a la concesión, en base a una serie de preceptos, entre ellos que quede clara la total soberanía de Panamá sobre el territorio y los recursos naturales y minerales, el máximo beneficio económico para el Estado y la protección del medio ambiente, así como que se defina "un plan de cierre definitivo" de la mina.

Minera Panamá dijo este martes que "considera que una solución sostenible para Cobre Panamá debe proporcionar estabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas".

En un comunicado, Minera Panamá aceptó los preceptos planteados por el Gobierno y sostuvo que una eventual reactivación del yacimiento "podría generar un total de 6.000 empleos directos y 30.000 indirectos, además de ofrecer oportunidades de negocio para 2.000 proveedores registrados", tal como lo hacía antes del cierre abrupto en noviembre de 2023, cuando esta actividad representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB).

El cierre de la mina abrió arbitrajes internacionales contra Panamá por unos 27.000 millones de dólares, que actualmente están suspendidos, como pidió el Ejecutivo panameño para poder renegociar.

La concesión de Cobre Panamá se firmó en la década de 1990 y pasó por varias manos antes de llegar a First Quantum.

Para su puesta en marcha se llevó a cabo una inversión de 10.000 millones de dólares.

Fue denunciada por inconstitucional en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en diciembre de 2017, cuando faltaba un año para el inicio de la explotación de la mina a cielo abierto, falló a favor de la asociación ecologista.

El fallo de 2016 no logró paralizar la mina, cuya concesión fue renovada por 20 años primero en 2017 por el entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y luego en 2023 por el de Laurentino Cortizo (2019-2024), lo que llevó al Supremo a declarar la inconstitucionalidad del nuevo contrato-ley.

Es así que la mina cerró en noviembre de 2023 en medio de las mayores protestas callejeras en décadas en Panamá alimentadas por ideas contra la minería y el hartazgo nacional contra el Gobierno de entonces, como sostienen analistas locales.

Mulino dijo que al tiempo que se negocia con la minera se recibirán "las observaciones de la ciudadanía, especialmente de las comunidades cercanas al sitio", lo que Minera Panamá consideró este martes como importante.

La decisión de negociar la posible reapertura de la mina se sustenta en una auditoría integral independiente realizada este año que arrojó que la operación por parte de la filial de First Quantum "presenta un cumplimiento general del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa", un resultado que grupos ambientalista no reconocieron como válido.

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