En su sentencia, la corte con sede en Luxemburgo concluye además que, tal como ya concluyó el Tribunal General de la UE, el supervisor carece de legitimación para exigir la anulación de esa reforma legislativa.
La disputa se remonta a 2022, cuando el organismo encargado de velar por la privacidad en las instituciones comunitarias concluyó una investigación sobre el almacenamiento de información en Europol.
El supervisor constató que la agencia policial conservaba de manera continuada grandes conjuntos de datos personales sin haber verificado previamente si los ciudadanos afectados encajaban en las categorías autorizadas por la ley vigente.
Al considerar que esta práctica vulneraba los principios europeos de minimización de datos y limitación del plazo de conservación, el supervisor europeo ordenó a Europol categorizar la información en seis meses para la recibida más recientemente y de doce meses para la almacenada. Transcurridos esos plazos, debía eliminarla.
Sin embargo, en junio de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea modificaron el Reglamento aplicable a Europol para que, bajo ciertas circunstancias, la agencia continuara tratando datos ya recibidos en el contexto de investigaciones penales en curso.
Para el supervisor, esta maniobra legislativa legalizaba de forma retroactiva el almacenamiento irregular de información que había denunciado meses antes y por ello se dirigió al Tribunal General, que rechazó su recurso.
A continuación, el supervisor acudió en casación ante la máxima instancia judicial europea alegando que el legislador había vulnerado su independencia como autoridad de control, pero el TJUE desestimó también esos argumentos.
Por un lado, concluyó que a diferencia del Parlamento, el Consejo o la Comisión Europea, los Tratados no otorgan al supervisor el derecho de recurrir actos legislativos automáticamente sin demostrar un interés directo, ni puede invocar el principio de equilibrio institucional.
Además, al actuar como persona jurídica ordinaria, el supervisor debe, según los jueces europeos, acreditar que la norma impugnada le afecta directa e individualmente, produciendo efectos inmediatos sobre su situación legal.
