Este dato es también un 12 % más alto de lo que se registró en Ecuador en el mismo período de 2025, cuando entre enero y septiembre hubo 433 homicidios, según el observatorio, que cita estadísticas del Ministerio del Interior.
Un 82,5 % de los asesinatos corresponde a adolescentes de 15 a 17 años; además, el 91,7 % de los homicidios (445 casos) se cometió con armas de fuego (siete veces más que en 2018).
En el último trimestre, las muertes violentas en estas edades crecieron un 167 % en la Amazonía, con repuntes de hasta 200 % en provincias como la de Orellana.
Además, en el evento 'Protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia armada', el Observatorio detalló que las detenciones de adolescentes (12 a 17 años) también subieron un 20,5 % (2.540 casos), un ritmo doce veces mayor al de los adultos. Uno de cada cinco de los capturados portaba un arma de fuego.
Durante el encuentro organizado por el Observatorio, se difundió también un informe regional en el que la Coalición de organizaciones de la sociedad civil y ONGs internacionales para las poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe (LAC RMD) advierte de que los menores pasaron de ser "víctimas indirectas a objetivos directos del crimen organizado y grupos armados".
"La violencia delincuencial y el conflicto armado en la región registra un impacto importante en las nuevas generaciones, su más cruenta manifestación se expresa en el incremento de homicidios intencionales, y su dinámica más compleja de vulneración se expresa en formas de vinculación estratégica como el uso, utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados", se señala en el documento.
Por ejemplo, el reclutamiento en Haití se ha triplicado en un año y en Colombia se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, de acuerdo a datos de Unicef recogidos en el informe.
La investigación fija su foco en las formas de vinculación de menores en escenarios de conflicto armado y delincuencia organizada e identifica -entre otros- a las carencias económicas y afectivas, a la búsqueda del reconocimiento, a la normalización de la violencia y a la presencia de los grupos criminales en los territorios como condiciones determinantes que propician y facilitan este fenómeno.
La coalición de organizaciones, que trabaja en la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables en la región, también recordó que el reclutamiento, uso y utilización de menores deben entenderse como formas de explotación, nunca voluntarias.
Asimismo aseguró que este tema debe ser considerado como una "prioridad regional" e hizo un llamado a organismos internacionales y de cooperación para que centren su acción en posicionar el fenómeno en la agenda multilateral e invertir en programas preventivos a largo plazo.
También instó a los gobiernos a "asumir esta problemática como una prioridad de protección", robusteciendo marcos legales, tipificando estas violaciones y rindiendo cuentas, así como incrementando la inversión social en territorios de alto riesgo.
