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El líder yemení promulga ley que designa a los hutíes como organización terrorista

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Saná, 18 nov (EFE).- El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, - el gobierno internacionalmente reconocido del país árabe -, promulgó este miércoles una ley que clasifica formalmente a los rebeldes hutíes, aliados de Irán, como organización terrorista y establece penas que incluyen la pena de muerte por estar vinculado al grupo.

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La ley fue promulgada tras su aprobación unánime el lunes y su posterior remisión a Al Alimi para su entrada en vigor, indicó en un comunicado el Consejo de Liderazgo, el máximo órgano ejecutivo del gobierno yemení que funciona bajo el patronazgo estrecho de Arabia Saudí.

Esta medida establece un marco legal para procesar a personas y entidades vinculadas al movimiento hutí, desmantelar sus redes financieras y congelar o confiscar los activos relacionados.

La ley clasifica a los hutíes -incluidas sus estructuras políticas, militares, de seguridad, administrativas y civiles- como una organización terrorista.

Asimismo, extiende esta clasificación a entidades e individuos afiliados cuyos vínculos organizativos con el movimiento queden demostrados, aclarando que la mera designación no equivale a una condena penal.

La ley tipifica como delitos actos tales como el intento de tomar el poder estatal por la fuerza, el asedio a ciudades, la provocación de hambrunas en la población, los ataques contra civiles e instalaciones públicas, la colocación de minas terrestres y las agresiones contra el transporte marítimo internacional.

Quienes sean declarados culpables de los delitos especificados se enfrentan a la pena de muerte o a penas de prisión de entre 20 y 30 años.

La legislación también penaliza la pertenencia al movimiento, con penas de prisión de 10 a 15 años, estableciendo la pena de muerte para aquellos que ejerzan funciones de liderazgo real.

El suministro de armas, equipamiento militar o información de inteligencia al grupo se castiga con la pena de muerte, al igual que el reclutamiento, entrenamiento o armamento de personas para que se unan a sus formaciones militares o de seguridad.

La ley prohíbe específicamente la promoción de ideas de supremacía hereditaria, racial o sectaria -incluida la reivindicación de un "mandato divino exclusivo" para que un linaje concreto gobierne- cuando dicha promoción tenga como fin apoyar al movimiento o incitar a la discriminación o la violencia.

Por su parte, la financiación del movimiento se castiga con la pena de muerte o con penas de prisión de 15 a 25 años.

La legislación también contempla sanciones para empresas y otras entidades jurídicas implicadas en delitos, que incluyen multas de entre 50 y 100 millones de riales yemeníes (de 32.000 a 64.000 dólares), así como la posible disolución y confiscación de bienes por orden judicial.

Se dispone que los delitos graves atribuidos al movimiento no prescribirán y que ningún acuerdo político futuro podrá otorgar inmunidad a sus líderes o miembros que hayan participado en la comisión de delitos graves o violaciones.

También se estipula que los delitos cometidos antes de la promulgación de esta ley serán sancionados conforme a la ley islámica (Sharía) o a la legislación vigente, aplicándose la pena más severa en cada caso.

El Consejo Nacional de Defensa del Yemen designó por primera vez al movimiento hutí como organización terrorista en octubre de 2022, tras los ataques contra instalaciones de exportación de petróleo en Shabwa y Hadramut.

La nueva legislación sustituye esa medida de carácter ejecutivo por un marco normativo detallado que abarca la responsabilidad penal, las restricciones financieras, el enjuiciamiento y la cooperación judicial internacional.

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