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Partidos ecologistas belgas se plantean revisar su histórico rechazo a la energía nuclear

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Bruselas, 18 nov (EFE).- Los partidos ecologistas de Bélgica han abierto la puerta a reconsiderar su histórica oposición a la energía atómica en un país en el que las centrales nucleares aportan un tercio de la electricidad producida y cuyo actual Gobierno, del que no forman parte, busca prolongar la vida de sus reactores e incluso negocia su nacionalización.

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El partido ecologista flamenco Groen someterá el próximo sábado a votación de sus militantes una propuesta para reconocer expresamente que la energía nuclear puede desempeñar un papel en la transición energética, siempre que resulte segura, asequible, pueda desplegarse rápidamente y tenga un impacto ambiental limitado.

"Examinamos con una mentalidad abierta todas las vías de transición, incluidas las que contemplan la energía nuclear", señala el documento que se debatirá en el congreso de Groen en Amberes, que justifica el cambio por el contexto geopolítico, la creciente demanda eléctrica y la insuficiente preparación del abandono nuclear.

La formación, presidida por Aimen Horch, mantiene las renovables como principal apuesta energética, pero quiere reconocer expresamente la contribución de la nuclear a la reducción del consumo de combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Groen ya aceptaba prolongar la vida de los dos reactores que siguen operativos, aunque continúa considerando demasiado costosa la construcción de nuevas centrales convencionales.

También los ecologistas francófonos de Ecolo han admitido la posibilidad de reconsiderar su rechazo, aunque mantienen una postura más restrictiva.

"Por ahora, la respuesta es no", declaró el pasado viernes a la radiotelevisión pública RTBF su copresidenta, Marie-Colline Leroy, quien precisó que podrían replanteárselo si se demostrase que la nuclear resulta más barata, se encontrase una solución para los residuos radiactivos y pudiera ofrecer una alternativa fiable para la transición energética en un máximo de diez años.

La evolución de ambas formaciones tiene antecedentes en el Gobierno del liberal Alexander De Croo (2020-2025), del que formaron parte los ecologistas flamencos y francófonos.

En marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y ante la crisis energética, aquel Ejecutivo acordó negociar con el grupo francés Engie la prolongación durante diez años de dos reactores, Doel 4 y Tihange 3.

Las negociaciones fueron dirigidas por la entonces ministra de Energía, Tinne Van der Straeten, de Groen, pese a que los ecologistas habían contribuido a impulsar la ley de 2003 que establecía el abandono progresivo de la energía nuclear.

Aquel Gobierno también aprobó en 2023 un programa de investigación dotado con 100 millones de euros para desarrollar pequeños reactores nucleares modulares (SMR), dirigido por el centro de investigación SCK CEN, en Mol.

Sin embargo, ambos partidos todavía votaron en mayo de 2025 contra la derogación de la ley de abandono nuclear, que eliminó la fecha límite para cerrar los reactores y la prohibición de construir nuevas centrales ya bajo el mandato del actual Ejecutivo, liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever.

Esta evolución recoge ecos del debate en la Unión Europea, donde la legislación reconoce la nuclear como fuente de energía baja en carbono y que, desde 2023, incluye determinadas actividades nucleares en su taxonomía de inversiones sostenibles, aunque sujetas a estrictas condiciones.

"Fue un error estratégico para Europa dar la espalda a una fuente fiable y asequible de energía de bajas emisiones", dijo el pasado marzo en una cumbre en París sobre energía atómica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La energía nuclear generó 23,8 teravatios hora (TWh) de electricidad en Bélgica en 2025, aproximadamente un tercio de la producción nacional, frente al 38,8 % procedente de fuentes renovables, según datos del Ministerio de Economía.

De los siete reactores con los que contaba Bélgica, cinco han dejado de funcionar y los dos restantes, Doel 4 y Tihange 3, tienen autorizada su explotación hasta 2035.

El Gobierno aspira a prolongar su funcionamiento hasta 2045 y negocia con el grupo francés Engie la posible adquisición estatal de todas sus actividades nucleares, incluidos los reactores cerrados y las obligaciones relacionadas con su desmantelamiento.

Las conversaciones, iniciadas en abril, se han prorrogado hasta el próximo 12 de diciembre.

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