La Cámara Alta aprobó por 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención un paquete normativo titulado 'Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada', que en su última versión parlamentaria incluyó la restitución de la normativa sobre tierras.
La ley de tierras sancionada en 2011 durante la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015) limita al 15 % la posesión de tierras argentinas por parte de extranjeros y establece que personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30 % de ese cupo.
También indica un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en las tierras agrícolas más ricas del país y restricciones para la adquisición de terrenos cercanos a océanos, ríos o glaciares.
Su derogación había sido dispuesta mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, sancionado en 2023, que modificó en un solo acto administrativo más de setenta leyes argentinas.
El Gobierno de Milei dio marcha atrás en agosto pasado al intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros tras una creciente presión social y ante la posibilidad de que la oposición lograra los apoyos necesarios en el Congreso para revertir la totalidad del DNU 70/2023.
Tras varias idas y vueltas en el Congreso, superpuestas a litigios judiciales y numerosas marchas masivas en contra de su derogación, la versión del paquete normativo que restituye de la ley de tierras fue aprobada en la Cámara de Diputados en octubre.
La 'Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada', que también agiliza los desalojos e impone más límites al Estado para realizar expropiaciones, quedó sancionada este jueves tras su aprobación en el Senado.
