"El pueblo rohinyá ha sufrido un inmenso dolor, que incluye el desplazamiento y la violencia, y su difícil situación no debe caer en el olvido. Esta sentencia histórica subraya la importancia de que se haga justicia a las víctimas y la necesidad de respetar el Derecho internacional", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.
El portavoz señaló que la UE ha insistido en la necesidad de que se rindan cuentas por los crímenes contra los rohinyá "como elemento esencial para la resolución sostenible de la crisis y para la estabilidad regional" y recordó que ahora Birmania debe aplicar la sentencia íntegra, "incluida su obligación de proporcionar restitución e indemnización por los daños causados, en la medida en que dichos daños no se subsanen mediante la restitución".
"El cumplimiento de las decisiones de la CIJ no es opcional, sino una obligación en virtud del Derecho internacional", recordó la UE.
El bloque comunitario aprovechó para subrayar la importancia del papel de la Corte Internacional de Justicia, así como de su "independencia y autoridad", ante las "crecientes y diversas amenazas a la paz y la seguridad internacionales y las violaciones generalizadas del Derecho internacional".
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves a Birmania (Myanmar) responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, en una sentencia histórica que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.
En un fallo de casi tres horas leído en La Haya por el juez presidente Yuji Iwasawa, el máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" en el norte del estado de Rakáin, en el primer fallo de la CIJ, fundada en 1945, que establece la responsabilidad de un Estado por este crimen.
Tras considerar probados asesinatos masivos, violencia sexual y medidas destinadas a impedir nacimientos, los jueces determinaron que "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de las fuerzas birmanas es una "intención de destruir una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio.
