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Descartan que huesos hallados en casa de ambientalista chilena desaparecida sean humanos

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Santiago de Chile, 20 nov (EFE).- Las osamentas encontradas en el terreno donde vivía la ambientalista mapuche Julia Chuñil, desaparecida a finales de 2024, serían de origen animal y no corresponderían a restos humanos, según un informe preliminar del Servicio Médico Legal de Chile divulgado este viernes.

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El hallazgo, revelado por varios medios locales, da un giro a un caso que se ha convertido en símbolo para los defensores ambientales de América Latina.

La Fiscalía chilena reveló en abril, durante una audiencia, que los investigadores encontraron una bolsa con más de 60 restos óseos en un rastreo realizado en la finca de la víctima.

"La revisión del conjunto permitió establecer que los restos óseos examinados presentaban características correspondientes a material de origen animal, no humano. En particular, el segmento M-1, pese a encontrarse muy incompleto, no presentaba características morfológicas compatibles con un origen humano", sostiene el informe.

Chuñil, de 73 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez en noviembre de 2024 en un predio de la localidad de Máfil, unos 800 kilómetros al sur de la capital, propiedad de un empresario, vecino de la víctima, que fue señalado en su momento por la familia como el principal sospechoso.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que Chuñil vivía desde hace años en “un contexto general de violencia e intimidación” en su entorno familiar.

En enero pasado, las autoridades ordenaron el arresto de cuatro personas por la muerte de Chuñil, tres de sus cinco hijos y su yerno, acusados de presunto parricidio e inhumación ilegal, entre otros delitos.

En la actualidad, solo uno de sus hijos, Javier Troncoso, se mantiene en prisión preventiva.

La defensa de la familia ha rechazado las imputaciones en reiteradas ocasiones, cuestionando la credibilidad de la investigación y la falta de pruebas materiales en contra de los sospechosos.

Durante meses, su familia y algunas organizaciones medioambientales argumentaron que se trataba de un crimen político, debido al rol de Chuñil como defensora ambiental, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a solicitar a Chile en julio de 2025 “redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero”.

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