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Gobierno militar birmano dice estar abierto a medida de "clemencia" para Aung San Suu Kyi

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Bangkok, 20 nov (EFE).- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) aseguró este viernes estar abierto a dictar una medida de clemencia a favor de la líder democrática y premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, bajo arresto desde el golpe de Estado de 2021, una postura que Naypyidó da a conocer un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarase al país responsable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá.

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En una rueda de prensa convocada para fijar posición al fallo de la CIJ, la portavoz del Ejecutivo castrense, Khaing Khaing Soe, dijo que, aunque "la comunidad internacional está pidiendo" la liberación de la exconsejera de Estado de 81 años, esa decisión compete al presidente Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe militar que acabó con un gobierno democrático en 2021 y recrudeció el conflicto armado en el país.

"El presidente está dispuesto a considerar la clemencia, en caso de que surjan motivos para tal consideración, basándose enteramente en las propias acciones de Suu Kyi", dijo la portavoz, que no dio detalles sobre el estado de salud de la premio nobel, detenida en un lugar desconocido, presuntamente en Naypyidó, y aislada de su entorno desde la asonada.

En la misma rueda de prensa, la portavoz reiteró que Birmania ha rechazado el fallo de la CIJ que la víspera le declaró culpable de genocidio contra el grupo étnico y musulmán rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado occidental de Rakhine, frontero con Bangladés.

"Mi país ha sido objeto de acusaciones injustas en el caso -presentado por Gambia en 2019- ante la CIJ", reiteró Khaing Khaing Soe, quien adelantó que el Gobierno castrense analizará "los próximos pasos a seguir, teniendo en cuenta las implicaciones para la seguridad y la soberanía" del país.

Tras considerar probados asesinatos masivos, violencia sexual y medidas destinadas a impedir nacimientos, los jueces de la CIJ determinaron que "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de las fuerzas birmanas es una "intención de destruir una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio.

La Corte consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual en 2017, cuando Suu Kyi era consejera de Estado y Min Aung Hlaing lideraba el Ejército en un país controlado durante décadas por los militares.

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