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Nicaragua inaugura hotel en propiedad expropiada a un excomandante sandinista

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San José, 20 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua inauguró un hotel en un condominio de lujo expropiado al excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce, preso desde julio de 2025, acusado de una millonaria estafa al Estado, informó este viernes la plataforma nicaragüense Divergentes.

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Arce, de 77 años, es uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura de la familia Somoza (1937-1979), liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), nacido en 1961 y al que se unió años después Daniel Ortega.

El hotel boutique Jocote Dulce fue inaugurado la noche del jueves por el estatal Instituto Nacional Tecnológico, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de Managua en una residencia expropiada a Arce, según el portal Divergentes.

Por su lado, el portal gubernamental El 19 indicó que el Estado invirtió 410.676 dólares en el hotel, ubicado en las afueras de Managua, y que se trata de un espacio diseñado para fortalecer la formación práctica de los estudiantes de carreras técnicas en Hotelería y Turismo, mientras ofrece al público una experiencia de descanso de alta calidad.

Arce fue declarado culpable en enero pasado de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, sin que se haya hecho pública la cantidad de años de presión, y se ordenó el decomiso de sus bienes.

En mayo de 2024, el Gobierno inauguró la escuela de hotelería y turismo 'Nicarao' en un balneario del Pacífico nicaragüense, en propiedades expropiadas a la familia de la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos, y de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda.

La Procuraduría, que es la representante legal del Estado, ha justificado las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a nicaragüenses desnacionalizados, con el argumento de que han sido decomisadas por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua desde que estalló la crisis.

Esa investigación señala que las "ilegales confiscaciones de bienes" constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como 'piñata'.

La denominada 'piñata' es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de 1980, y también entre febrero y abril de 1990.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras la reelección de Ortega en noviembre de 2021 para un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios que tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".

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