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La representante regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Margarita Astrálaga, dijo a Efe que en los países latinoamericanos y caribeños entre el 10 y el 35 por ciento del territorio está registrado como área protegida.
Pero alertó que en muchos casos ese estatus “se queda solo en el papel”, por falta de programas, planes, financiación y hasta de personal.
Por ello, instó a que “todos” los sectores se involucren en la gestión de las zonas protegidas, y en especial las comunidades, “porque son los que se benefician o van a estar más afectadas por la destrucción del área”.
Astrálaga participó este martes en la capital panameña en la presentación de los resultados del proyecto “ Soporte a las áreas protegidas de Mesoamérica ” , que desarrolló el PNUMA en conjunto con el Gobierno de España en dos zonas de Panamá y El Salvador.
Los resultados del proyecto, que tomó dos años y se ejecutó en las áreas protegidas de Volcán Barú, en Panamá, y La Montañona, en El Salvador, fueron “muy positivos” porque permitieron conocer los beneficios económicos y sociales que aportan ambos ecosistemas, precisó la responsable regional del PNUMA.
Según el análisis desarrollado por el organismo de la ONU con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), los servicios naturales que aportan ambas áreas alcanzan los 640 millones de dólares anuales.
El proyecto calculó el valor de los servicios naturales de provisión de agua, regulación del clima, moderación de eventos climáticos extremos y prevención de la erosión en las dos áreas centroamericanas.
“Del valor total de los beneficios anuales (640 millones de dólares) que se calcula aportan ambas áreas naturales, 550 millones corresponden al Parque Nacional Volcán Barú y 90 millones al Área de conservación de La Montañona”, indica el estudio.
Astrálaga destacó que uno de los aspectos más importantes descubiertos en el estudio fue que, en ambos casos, se encontró que el “valor ecosistémico más importante es el agua”, cuando en principio se pensó que sería la biodiversidad.
La provisión de agua para consumo humano, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica representa el 95% del valor total de los servicios que presta el Volcán Barú, de acuerdo a los resultados del proyecto.
Los costos asociados a la pérdida de prestaciones como la provisión de agua del Volcán Barú llegarían a 1.170 millones de dólares anuales, añade el estudio.
Mientras que en el caso de La Montañona, la degradación y pérdida de biodiversidad supondrían costos por unos 4 millones de dólares anuales, de acuerdo a los datos aportados por el PNUMA.
Astrálaga resaltó que el programa que desarrolla el PNUMA junto con España, como parte de los objetivos globales de la Iniciativa LifeWeb, también abarcan áreas de África y Asia, donde se realizan proyectos similares al realizado en Panamá y El Salvador.
El organismo de la ONU y la AECID también adelantan un proyecto en el Caribe para el diseño un corredor marino para proteger a los cetáceos, afirmó.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la embajada de España en Panamá, José Luis Herranz, precisó a Efe que la AECID aportó unos 5 millones de euros (cerca de 6,5 millones de dólares) para los diferentes proyectos que se desarrollan a nivel global.
Herranz explicó que los datos que se recaben servirán para el diseño de programas y la toma de decisiones dirigidas a la conservación de las riquezas naturales.
“Es importante que se conozca en los diferentes países la riqueza de su biodiversidad, para que se pongan todos los instrumentos y mecanismos disponibles para su preservación, y luego utilizarlos en forma sostenible”, dijo Herranz.
Enfatizó que España, a través de la AECID, ha apoyado principalmente en América Latina otros proyectos similares, pero no con las dimensiones económicas que ahora ha llevado a cabo con el PNUMA.