La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, se adoptó tras la fuga de dos condenados por delitos de lesa humanidad y alcanza a todos aquellos “que tengan o hayan tenido estado militar”.

Además, establece que “todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica” de las personas incluidas en la resolución “deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos”.

Quien incumpla la notificación podrá ser multado con sanciones administrativas y/o disciplinarias, especifica el documento.

El pasado 25 de julio, el exmayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y el exteniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon cuando iban a recibir atención médica en el hospital militar central de Buenos Aires.

Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.

El Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) “destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención”.

Además, los ministerios argentinos de Justicia, Defensa y Salud acordaron este lunes crear una comisión médica para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).