Averiguaciones de distinta índole relativas a abusos de menores y la inacción de la Iglesia para atajarlos se han registrado en siete Estados desde que a mediados de agosto las acciones de los curas católicos en Pensilvania coparan titulares de todo el mundo.
Pesquisas internas, averiguaciones de los fiscales estatales y locales o revisiones de documentos sobre potenciales conductas de este tipo son los formatos más recurrentes que han tomado las investigaciones en territorio estadounidense.
El 14 de agosto se publicó el informe de la Corte Suprema de Pensilvania en el que relató en sus 1.356 páginas los hechos e identificó a unos 1.000 menores que han sido víctimas de clérigos, entre ellos adolescentes y muchos preadolescentes.
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Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron, el jueves, pesquisas para arrojar luz en una oscura realidad que la Iglesia arrastra desde hace décadas y se han anunciado actuaciones similares también en, al menos, Nuevo México, Illinois, Misuri y Nebraska, y medios locales han informado de lo propio en Florida.
Algunas de las investigaciones sobre las propias diócesis y otras instituciones ligadas a la Iglesia por su gestión y posibles encubrimientos de casos de abusos sexuales en distintos puntos del país se deben a que algunos de los clérigos acusados en Pensilvania fueron enviados luego a otros lugares de Estados Unidos.
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Desde la Red nacional de supervivientes de los abusados por los clérigos (SNAP), su presidente, Tim Lennon, comentó a Efe que han confirmado investigaciones en Massachusetts, Illinois, Florida, Nuevo México, Nebraska y Misuri, además de Nueva York y Nueva Jersey, y aseguró tener informaciones sobre pesquisas en Maryland, Alaska, Rhode Island y Nuevo Hampshire.
“El gran jurado de Pensilvania expuso la corrupción podrida dentro de la jerarquía de la Iglesia. Demostró a todos, en EE.UU. y probablemente en el mundo, que lo que pasa en Pensilvania pasa en todas las diócesis del mundo. No hay vuelta atrás”, incidió a Efe.
Recientemente, en Wyoming la Policía local de Cheyenne reabrió una investigación sobre supuestos abusos cometidos entre los años setenta y noventa en la diócesis del área, según informaron medios locales. Entre las averiguaciones internas anunciadas por los propios organismos de la Iglesia se encuentra la de la archidiócesis de la ciudad de Kansas, según anunció la misma institución, unas acciones similares a las emprendidas en la ciudad de Oklahoma.
Entre las dificultades que afrontan las víctimas para que se prueben los hechos se encuentran, por ejemplo, la falta de competencias de las autoridades dependiendo del estado en el que se encuentren, ya que en algunos los fiscales generales no pueden emprender pesquisas y deben impulsarlas los fiscales locales.
Es el caso de Carolina del Norte o Georgia, entre otros, que han dejado claro en las últimas fechas que carecen de la capacidad para iniciar pesquisas en estos casos, pero que coordinarán los esfuerzos de las instituciones de los condados. Además, generalmente las autoridades no pueden hablar públicamente sobre investigaciones judiciales en curso, lo que limita el conocimiento sobre el tema.
De hecho, el propio Departamento de Justicia recordó ante las preguntas de Efe que, por norma, no pueden confirmar o desmentir la existencia de pesquisas. En Estados como Rhode Island y Nueva York, legisladores y otros colectivos han reclamado reformas de las leyes que mejoren el amparo a las víctimas.
Estados Unidos ya se vio azotada antes por múltiples casos de abusos sexuales, entre ellos los escándalos relatados por la profunda investigación llevada a cabo en 2002 por el diario The Boston Globe sobre las conductas de los clérigos en la archidiócesis de Boston. Walter Robinson, el periodista que lideró el equipo de investigación sobre el caso en ese periódico, publicó una tribuna a raíz de los sucesos de Pensilvania para pedir justicia. “Todos los fiscales generales del país deberían forzar a la Iglesia católica a que diga la verdad”, se titulaba el texto.