El acuerdo, aprobado por 53 votos de diputados oficialistas e independientes, pide “realizar todas las gestiones pertinentes para cerrar el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial de Punta Peuco”. Su objetivo es que “en Chile no permanezca ni un solo recinto ni institución que favorezca un trato inequitativo a las personas que se encuentran en situación de cumplimiento de condena tal como acontece con la cárcel de Punta Peuco”.

Los diputados piden también que los reos sean despojados de su rango militar y sueldo y que se retiren sus fotografías en cuarteles militares. Las condiciones de Punta Peuco, donde hoy cumplen condena una cincuantena de condenados por violaciones de derechos humanos, contrastan con la del resto de los 53.000 reos del país, ubicados en cárceles con tasas de hacinamiento del 70% y en regímenes de más precariedad.

Los diputados criticaron que los reos de Punta Peuco “aún perciben sus remuneraciones como exfuncionarios” y que en el penal cuentan “con una docena de cabañas, en las cuales hay dos habitaciones, baño, living, calefacción, acceso a internet y teléfono, además de áreas verdes, piscina y cancha de tenis”.

El año pasado, el mandatario derechista Sebastián Piñera decretó el cierre del penal Cordillera, otro centro carcelario más pequeño donde una decena de militares condenados vivían en condiciones aún más privilegiadas. Los internos -entre ellos el jefe de la temida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, condenado a cientos de años por secuestros, torturas y ejecuciones- fueron trasladados hasta Punta Peuco.

En el Penal Cordillera, los internos contaban con piscina, cancha de tenis y cabañas en las que cumplían condena. En Punta Peuco, los reclusos están en celdas individuales y cuentan también con espacio de recreación. Ambos penales fueron creadas por los gobiernos de centroizquierda que llegaron al poder tras la dictadura.