La Corte de La Haya resolvió así la dura disputa suscitada en 2010 por Australia, que había entablado juicio contra Japón pidiendo un pronunciamiento sobre la caza de ballenas, considerada “mera actividad comercial”.

La acusación, en efecto, era la de eludir con el pretexto de la investigación científica la prohibición de caza de ballenas establecida en 1986.

“Japón debe revocar los permisos, las autorizaciones o las licencias ya otorgadas en el ámbito del Jarpa II (el plan de investigación, NDR) y no conceder eventuales nuevas licencias en el ámbito del mismo programa”, dijo el juez Peter Tomka durante la audiencia en el Palacio de la Paz en La Haya.