BRASILIA. Una condena contra la senadora Hoffmann, de 52 años, asestaría un nuevo y duro golpe al PT, cuyo principal referente, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por recibir sobornos y lavado de dinero.
Las denuncias de corrupción son pasibles de condenas de 2 a 12 años de cárcel y las de lavado de 3 a 10 años, pero en caso de ser declarada culpable la legisladora no podría ser detenida de inmediato, por beneficiarse de fueros parlamentarios y por disponer de recursos que aun podría presentar.
La sentencia contra Hoffmann, al frente del PT desde junio de 2017, debe ser pronunciada por una corte de cinco magistrados (de los once con que cuenta el STF).
En una nota, Hoffmann –que fue jefa de Gabinete de la destituida presidenta Dilma Rousseff (2011-2016)– alegó lo mismo que declara Lula, que se trata de una "denuncia injusta", y que no "hay ninguna prueba".
La Fiscalía General de la República acusa a Hoffmann y su esposo Paulo Bernardo –ministro de Planificación de Lula y de Comunicaciones de Rousseff– de haber recibido un millón de reales en 2010 (US$ 568.000 al cambio promedio de ese año) procedentes de recursos desviados de contratos de Petrobras, para financiar la campaña electoral de la dirigente.
En su pedido de condena en noviembre del año pasado, la fiscal general, Raquel Dodge, también pidió que la pareja fuera condenada a pagar 4 millones de reales de indemnización (cerca de 1,1 millones de dólares al cambio actual) por el desvío de los fondos de la petrolera estatal.
Hoffmann y Paulo Bernardo fueron delatados por el cambista Alberto Youssef, envuelto en el esquema de corrupción Lava Jato, relacionado con la megarred de sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en Petrobras, esquema montado bajo el gobierno de Lula da Silva, el mayor caso de corrupción en la historia del Brasil.
Lula, de 72 años, fue condenado en abril a 12 años y un mes de cárcel como beneficiario de un apartamento entregado por una empresa constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.