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Los activistas señalan que el Ejecutivo ha fallado al abordar la regulación del sector laboral que, en su opinión, “perpetúa el tráfico y los abusos” en el sector.
“Ha habido progresos insustanciales en la identificación de las víctimas del tráfico y trabajos forzados a bordo de los barcos pesqueros”, remarca la organización en un comunicado publicado este martes. La corrupción de las autoridades locales y la escasa protección ofrecida a las víctimas de esta “esclavitud moderna”, son otras de las acusaciones.
EJF pide a Estados Unidos que el país asiático continúen en el rango 3, el nivel más bajo en el que se sitúan los países que no hacen suficientes esfuerzos para lograr los estándares mínimos, en su informe anual sobre tráfico de personas que se publicará el próximo junio.
Según el gobierno tailandés, en manos de los militares desde mayo de 2014, se han realizado avances significativos en la lucha contra las mafias de tráfico humano a la par que se busca sancionar nuevas leyes para combatir esta lacra.
“Hemos actuado para mejorar y solucionar la trata de personas (...) Es imposible especificar cuándo vamos a acabar con este problema, pero estamos logrando que disminuya”, asegura Arrug Phrommanee, secretario permanente adjunto del Ministerio de Trabajo (puesto equivalente al de viceministro).
Tras cuatro años en el nivel 2 con revisión, Washington rebajó el pasado año a Tailandia a la categoría 3, clasificación que comparte con países como Corea del Norte, Afganistán o Irán.
Estados Unidos descartó en esta ocasión imponer sanciones económicas a Tailandia.
A pesar de los casos de explotación, muchos inmigrantes birmanos, camboyanos o de Laos se arriesgan a viajar a Tailandia en busca de un futuro más próspero y caen en las redes de las mafias de tráfico de personas que los acaba vendiendo a empresarios sin escrúpulos con la cómplice mirada de las autoridades locales.