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“(El mecanismo) no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas, y pone en evidencia las problemáticas que requieren atención inmediata para garantizar su seguridad”, indicó el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), que reúne a unas 20 agrupaciones.
En junio de 2012, México aprobó la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través de la cual se creó el mecanismo de protección.
“Hemos detectado una falta de voluntad política. (...) Se han de garantizar las medidas de protección a las personas”, consideró Iván Báez, integrante de Artículo 19, una organización defensora del derecho a la libertad de expresión.
Las organizaciones presentaron en Ciudad de México su segundo informe sobre este mecanismo, en el que se estudiaron 59 casos de los 203 que registró este esquema de protección a activistas y periodistas.
De estos, divididos en 40 casos individuales y 19 colectivos, se detalló que la intimidación, el hostigamiento y las amenazas son las principales agresiones que sufren estos colectivos.
La agresión física, la vigilancia o seguimiento o la posible pérdida de vida también tiene un peso importante dentro del recuento.
En este contexto, la directora del centro de investigación Propuesta Cívica, Pilar Tavera, denunció la falta de “claridad” a la hora de poder pedir auxilio al mecanismo.
En este aspecto, remarcó que la mayoría de las medidas de protección más ofrecidas han presentado resultados negativos.
Es el caso del llamado “botón de pánico”, que no funciona si no hay buena conectividad, los escoltas, que generalmente no tienen entrenamiento especializado, o las rondas policiales, en las que falta continuidad, destacó.
Asimismo, la relatora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, criticó la lentitud del mecanismo.
“Es un viacrucis el que uno enfrenta hasta llegar al mecanismo”, recordó Flores, quien forma parte de uno de los programas de protección, y aseguró que faltan “medidas de seguimiento y supervisión”.
Ello es especialmente negativo en un contexto de agravamiento de la violencia contra activistas y periodistas, remarcaron los especialistas.
En el periodo 2000-2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuantificó 87 homicidios a periodistas, mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) elevó la cifra a 102.
Junto a ello, solo entre junio de 2012 y mayo de 2014 Espacio OSC cuantificó el fallecimiento de más de 30 defensores de los derechos humanos.
“La ola de violencia ha pegado estratégicamente a las personas que denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos”, valoró el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Fernando Ríos.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), entre 2006 y 2012 se registraron 245 agresiones a activistas en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio.
A pesar de las críticas, el representante de la Oacnudh en México, Javier Hernández, resaltó que no se debe “abandonar” este mecanismo, solo mejorarlo, pues es un ejemplo del “esfuerzo invertido” por la ciudadanía en su lucha para defender los derechos humanos.