La detención de Lozano, quien era presidente municipal de Allende durante los hechos de los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez a solicitud de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, informó la fiscalía en un comunicado.

Lozano fue detenido esta mañana en su domicilio y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, donde quedó recluido a disposición del juez de la causa.

El exfuncionario presuntamente permitió un secuestro masivo al ordenar a agentes de la policía municipal no intervenir ante la llegada del sicarios de los Zetas al lugar en unas 40 camionetas para desaparecer a unas 300 personas.

La tragedia, que se mantuvo en secreto por casi tres años, comenzó a trascender a inicios de 2014, cuando las autoridades ordenaron un gran operativo de fuerzas federales y estatales para localizar los restos de los desaparecidos.

Durante la última semana de enero de ese año, más de 250 militares, policías federales y agentes estatales, junto con peritos forenses, recorrieron Allende y seis municipios aledaños para buscar los cuerpos.

En aquellos días pobladores, policías y militares, bajo anonimato, contaron a Efe que la desaparición de las personas ocurrió como un ajuste de cuentas del líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, sobre Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, quienes operaron el trasiego de cocaína de la ciudad de Piedras Negras a Eagle Pass, Texas, (Estados Unidos).

Moreno además lavaba dinero en la compra de caballos de carreras para Treviño, pero en febrero de 2011 él y Garza traicionaron al capo informando a la Agencia Antidrogas estadounidense sobre sus actividades, huyeron con casi cinco millones de dólares y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, donde residen como testigos protegidos.

En represalia, el Z40 y su organización criminal secuestraron a los habitantes de Allende que tuvieran los apellidos o algún lazo familiar con Moreno y Garza, y además se llevaron a sus empleados domésticos y trabajadores, a quienes desaparecieron.

La Procuraduría de Coahuila afirmó el 9 de diciembre de 2014 que, luego de recabar testimonios, pruebas periciales y confesiones, “la verdad jurídica”, a la que llegó apunta al secuestro de solo 28 personas, 11 con la certeza que fueron asesinadas y 17 de las que no se sabe su paradero.