El gobierno decidió acelerar la aprobación de la ley después del atentado con coche bomba a finales de junio que costó la vida al fiscal del Estado y al que siguió un ataque a gran escala perpetrado por yihadistas en la península del Sinaí.

Los militares mostraron su enfado con los medios de comunicación por informar, citando a responsables de seguridad, de la muerte de decenas de soldados en el ataque del Sinaí. El balance oficial era de 21 soldados muertos y gran número de yihadistas.

La controvertida ley, publicada en el Boletín Oficial, establece una multa mínima de 200.000 libras (25.000 dólares, 22.500 euros) y una máxima de 500.000 libras por difundir informaciones “falsas” sobre los ataques o los operativos contra combatientes islamistas.

El Cairo había propuesto inicialmente penas de cárcel, pero se echó atrás tras una ofensiva de los medios de comunicación egipcios.

Sin embargo, aunque la ley ratificada no hace referencia explícita al periodismo, añade otra cláusula que permite a los tribunales “evitar que el condenado ejerza su profesión durante un período de no más de un año, si viola los principios de la profesión”.

Los opositores a la ley opinan que las fuertes multas pueden obligar a cerrar a los periódicos más pequeños y disuadir a los más grandes de informar de manera independiente sobre los atentados y las operaciones contra los atacantes.

Asimismo, la ley establece la pena de muerte para los condenados por liderar “grupos terroristas” o financiar los ataques.

Desde que el ejército derrocara al presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cientos de sus partidarios han sido condenados a muerte en juicios masivos.