La fase instructora concluyó el 30 de mayo y el promotor (fiscal) de Justicia pidió el envío a juicio del imputado, que desde el pasado 7 de abril se encontraba bajo arresto en la sede de la Gendarmería vaticana.

El juez consideró que la jurisdicción del caso es de la autoridad judicial vaticana, ya que el presunto delito ha sido cometido por un oficial de este Estado, aunque se refiera a hechos en el extranjero.

La primera audiencia de este proceso comenzará el próximo 22 de junio. El delito del que se acusa a Capella es el de posesión de pornografía infantil que, según las leyes vaticanas, está sancionado con “de uno a cinco años de prisión” y a una multa de entre 2.500 y 50.000 euros. Además, la pena puede ser superior, si el material “es de ingente cantidad”.

La oficina de prensa del Vaticano informó de que el pasado 21 de agosto llegó la notificación por el Departamento norteamericano de Estado del presunto delito y el sacerdote fue llamado al Vaticano, donde se encuentra actualmente.

Tras recibir la notificación por la posesión de ese material, la secretaría de Estado vaticana la trasmitió al fiscal, que abrió una investigación y pidió colaboración internacional para recoger elementos.

En septiembre de 2017, el promotor de justicia vaticano abrió una investigación contra este funcionario después de que la Policía canadiense lo acusara de posesión y distribución de material pornográfico infantil, descargado durante un viaje que el sacerdote realizó al país en diciembre de 2016.