La juez Nancy Bustillos dictó la orden de captura tras declarar “rebelde” al empresario que reside en Estados Unidos por no asistir al inicio de un juicio oral por la denuncia, informó a Efe el abogado de Roca, Jorge Valda.

Bustillos también tomó juramento a los jurados ciudadanos para instalar formalmente la próxima semana el juicio para el empresario.

El Ejecutivo boliviano ordenó hace dos años investigar la fortuna de Roca para obligarle a demostrar cómo logró ser propietario de Aerosur, que hoy está en una profunda crisis financiera pero que en su momento fue la mayor aerolínea de Bolivia, con cerca de 20 aviones que volaban a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Contra el empresario, que está fuera de Bolivia desde fines de 2010, se emitieron antes dos órdenes de arresto ese mismo año, una en la etapa de investigación del supuesto enriquecimiento ilegal y la segunda por otra denuncia del Ejecutivo por supuesto desacato.

Según Valda, Roca tiene alrededor de diez procesos iniciados por el Estado boliviano, a su juicio todos por razones políticas por las críticas que ha hecho el empresario al presidente Evo Morales.

Agregó que su cliente no volverá a Bolivia por ahora porque, según dijo, “ no puede dejar el tratamiento al que se encuentra sometido” contra el cáncer que le aqueja y porque “no existe seguridad jurídica” en este país.

“Él quiere volver (...) Sin embargo, en tanto no exista seguridad jurídica y en las condiciones médicas en que se encuentra es muy difícil que pueda retornar” por el momento, señaló Valda.

Desde que Evo Morales asumió la Presidencia boliviana por primera vez en 2006, decenas de empresarios y políticos opositores han huido del país y buscado refugio en Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Perú y España, entre otros países, tras acusar al Gobierno de persecución política y argumentar que en Bolivia no tendrán un juicio justo.

El caso más reciente fue el del senador Roger Pinto, a quien el Gobierno de Dilma Rousseff otorgó la semana pasada asilo político y se encuentra refugiado en la embajada brasileña en La Paz.

El Gobierno boliviano ha negado la persecución política en todos los casos y aseguró que los acusados deben responder a las denuncias de corrupción que hay en su contra.