La agencia de prensa Xinhua dijo que, entre los arrestados, se encuentran el presidente y altos directivos de la compañía Rui Hai International, cuyo almacén de productos químicos explotó el 12 de agosto en Tianjin, desencadenando el peor accidente industrial del país en años.

En China, los autos formales de detención llegan días después de permanecer en arresto policial y cuando el caso pasa a los fiscales con un juicio y una condena casi garantizados.

En este sentido, la semana pasada, cuando ya se encontraban en manos de la policía, los arrestados aparecieron en la televisión estatal “confesando” haber utilizado sus “conexiones políticas” para obtener autorizaciones y esquivar las normas de seguridad.

Por su parte, el ministerio público chino informó en su página web que los fiscales de la ciudad están investigando a 11 funcionarios por “abuso de poder” y “negligencia en el cumplimiento del deber” en el caso de las explosiones, que también hirieron a centenares de personas.

Entre ellos figuran funcionarios de varios departamentos del gobierno local (transportes, aduanas, seguridad laboral) , pero también el presidente del grupo estatal encargado de la gestión del puerto de Tianjin, precisó la fiscalía.

Más de 500 personas permanecen hospitalizadas tras las potentes explosiones, que dejaron edificios destruidos y coches quemados.

Un balance oficial publicado el miércoles por la noche elevó a 139 el número de fallecidos.

El incidente desató una oleada de indignación generalizada ante eventuales violaciones de las normas de seguridad por parte de la empresa y la posible connivencia con los funcionarios públicos.

Asimismo, las explosiones también alimentaron el temor de que se emitan elementos contaminantes al agua y el aire de la ciudad, que tiene una población de unos 15 millones de habitantes.

Este caso pone de relieve el historial de China en términos de seguridad industrial, un país donde los reglamentos son a menudo ignorados en un contexto de corrupción generalizada.

Tras la catástrofe de Tianjin, Pekín busca poner el acento en los errores de los responsables locales para desviar la atención de las denuncias de fallos a nivel generalizado en todo el país.

Por su parte, el director de la administración nacional encargada de la seguridad en el trabajo, investigado en un caso de corrupción, fue cesado de su cargo, indicaron el miércoles medios de comunicación oficiales.