Los exmilitares -entre ellos los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli- ingresaron de madrugada a la cárcel de Punta Peuco, en las afueras de Santiago, un recinto especial para uniformados violadores de la derechos humanos, confirmó Gendarmería (policía de prisiones). Otros cuatro militares debían ingresar al penal en las próximas horas.

Mientras, uno de los condenados -el exgeneral del Ejército chileno Hernán Ramírez- se suicidó el jueves antes de iniciar el cumplimiento de su condena de 20 años. En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia confirmó el martes las sentencias definitivas para los exmilitares, acusados del secuestro y asesinato del químico y agente de la temida policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la que se le atribuye la mayoría de las más de 3.200 muertos y desaparecidos que dejó el régimen (1973-1990).

A Berríos se le sindica como el responsable de la fabricación en Chile de los denominados gases sarín, soman y tabun, para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores al régimen. Tras la caída de Pinochet y cuando se iniciaban investigaciones judiciales para aclarar varios crímenes de la dictadura, Berríos huyó Uruguay en octubre de 1991. Cuatro años después, su cadáver apareció baleado en la playa del balneario El Pinar de ese país.

Confabulados con la dictadura chilena para borrar los rastros de sus crímenes, militares uruguayos concretaron el asesinato de Berríos, en lo que se cree es uno de los últimos vestigios de la llamada “Operación Cóndor” , un plan acordado en la década de los '70 y que unió a las dictaduras militares del Cono Sur para coordinar el exterminio de opositores.