BUENOS AIRES. En el inicio del juicio oral del llamado “caso Ciccone, por el nombre de la imprenta, se pidieron para los seis acusados, entre altos cargos gubernamentales y empresarios, penas desde los cinco años y medio hasta un año y medio, según informó la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante en la causa.

La Justicia pretende aclarar si, en 2010, cuando Boudou era ministro de Economía (2009-2011) del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), adquirió la imprenta privada junto a su entonces socio José María Núñez Carmona.

Según la investigación, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele (supuesto testaferro de Boudou) con el fin de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

Para Núñez Carmona, la Oficina solicitó cinco años de prisión, mientras que para Vandenbroele el pedido fue de un año y medio por su colaboración con la investigación, ya que las pruebas que aportó “contribuyeron al esclarecimiento del hecho”.

Para Nicolás Ciccone, exdueño y vendedor de la empresa, la OA solicitó tres años y ocho meses de cárcel; para Rafael Resnick Brenner, antiguo jefe de asesores del Fisco argentino, tres años y para César Guido Forcieri, extitular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, dos años y cuatro meses.

La Oficina “tuvo en cuenta la jerarquía de cada funcionario público” para las peticiones de penas, y apuntó a una “inhabilitación especial perpetua” para ejercer cargos públicos para todos los imputados.

La Oficina Anticorrupción es una secretaría que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia argentino.

El caso

Ciccone Calcográfica fue declarada en quiebra en julio de 2010, a petición del Fisco, por deudas impositivas, pero la Justicia la levantó tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund.

En la etapa de instrucción se llegó a la conclusión de que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70% de la empresa a cambio de la realización de los actos para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración pública.