En más de dos años y medio de conversaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han logrado acuerdos sobre desminado, acceso a la tierra a campesinos pobres, combate al narcotráfico y facilidades para la transformación de la guerrilla en un partido político.

Las negociaciones pretenden poner fin a la violenta confrontación interna de más de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados. "Montar la matriz de la irreversibilidad no es conveniente si se considera que elevar las expectativas hacia la cumbre de lo irreal, podría llevarnos al terreno de las frustraciones, más cuando se pretende imponer fórmulas jurídicas de sometimiento a la guerrilla, (...) que si no las admite se le pueda acusar de intransigencia", dijo el líder guerrillero Pablo Catatumbo.

El grupo rebelde señaló en un comunicado que, si bien están discutiendo temas vitales como el abandono de las armas, "hay mucho por transitar y muchas voluntades que sumar antes de expresar que ya casi todo está listo". "Somos optimistas, es cierto que hemos avanzado (aunque) da la sensación de que el acuerdo está a la vuelta de la esquina (...) pero aún hay mucha tela por cortar", afirmó Catatumbo.

La advertencia del grupo insurgente se produce luego de que la semana pasada dijo que la tregua unilateral e indefinida que declaró en diciembre está en riesgo de romperse y pidió a Santos salvarla, pese a que el presidente colombiano se ha mostrado reacio a aceptar un cese al fuego bilateral.

La delegación del Gobierno colombiano, que encabeza el ex vicepresidente Humberto de la Calle, no ofreció declaraciones a la prensa. Ambas partes reanudaron el miércoles el diálogo, esta vez con el foco en las compensaciones a las víctimas, en un ciclo que concluirá el viernes. Aún queda pendiente en la agenda el espinoso asunto del fin del conflicto. Los acuerdos finales deben ser refrendados por los colombianos en una consulta.