Un total de 58 páginas, de las cuales se excluyeron extensos pasajes de información confidencial, transcriben principalmente, los interrogatorios realizados a Clinton.

A inicios de julio, la policía federal recomendó no demandar a Clinton por sus emails, pese a concluir que la exsecretaria de Estado cometió una “negligencia extrema” al instalar un servidor privado de internet en el subsuelo de su casa en el estado de Nueva York.

La secretaria de Justicia, Loretta Lynch, decidió cerrar la investigación a la candidata demócrata sin presentar cargos, después de anunciar que seguiría las recomendaciones del FBI.

Esta ausencia de acusaciones a Clinton provocó una protesta del Partido Republicano, que acusaó de incoherencia al jefe del FBI, James Comey, y exigió conocer todos los detalles de las investigaciones federales realizadas a Clinton durante un año.

Al enfrentar varias demandas para divulgar estos documentos, no sólo de parte de los republicanos sino también de la prensa, Comey finalmente autorizó la publicación de estas notas.

Para buena parte de la opinión pública del país, Clinton se benefició en este caso de cierta permisividad a causa de relaciones cultivadas desde que su esposo era presidente.

Su rival republicano Donald Trump la acusó de haberse beneficiado de un acuerdo ilegal con la justicia, pero Comey barrió las sospechas de ser indulgente con Clinton, particularmente durante una audiencia de cerca de cinco horas en el Congreso.