La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, negó hoy que existan tales vínculos, tras conocerse públicamente un contrato de alquiler que realizó el operador político Giorgio Martelli para el comando electoral de Michelle Bachelet cuando ésta era candidata presidencial.
Martelli -miembro del socialdemócrata Partido por la Democracia, pero quien se define a sí mismo como recaudador de fondos para campañas políticas- está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos por sus nexos con Soquimich, la mayor productora de nitratos y fertilizantes del mundo.
La revelación de que Martelli le arrendó un inmueble al comando de Bachelet se suma a las sospechas que ha generado en la oposición y en la prensa local el hecho de que en 2012 el hoy ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, emitiese boletas de honorarios profesionales por servicios prestados a Martelli.
“Dar cuenta de todos los trabajos que se hicieron hoy día parece innecesario, salvo que tengan que darse explicaciones por estar vinculados a temas delictivos, que no es el caso de ninguno de los ministros ni subsecretarios, al menos de ninguno de los que hemos conocido públicamente”, dijo Rincón.
“Por lo tanto, creo que hay que tener prudencia. Hoy, el ser asociado con una empresa en particular, para la opinión pública significa un veredicto de culpabilidad y creo que tenemos que cuidar la honra de las personas”, argumentó la ministra Rincón.
Soquimich, propiedad de Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, está siendo investigada por la fiscalía por delitos tributarios y presuntas aportaciones irregulares a políticos, tanto de izquierda como de derecha.
Las sospechas del ministerio público apuntan a que la entrega de fondos a políticos se habría hecho por medio de facturas y boletas de honorarios profesionales en concepto de servicios que nunca fueron prestados realmente.
En la investigación que lleva a cabo la fiscalía han aparecido boletas de honorarios de algunos políticos y de familiares de éstos por supuestos servicios profesionales a Soquimich.
Una de las acusaciones más relevantes, aunque no es parte de la investigación oficial, ha recaído sobre el hoy ministro del Interior por boletas correspondientes a asesorías hechas a petición de Giorgio Martelli.
Sin embargo, no se ha logrado establecer que el pago de estos servicios a Rodrigo Peñailillo procediese de la empresa Soquimich.
Es por ello que la ministra Ximena Rincón llamó a “ser rigurosos y serios” antes de realizar acusaciones contra el gobierno.
“Yo le diría a quienes salen a imputar, acusar o hacer llamados de transparentar, que sean cuidadosos, porque lamentablemente se forman opiniones a la opinión pública de culpabilidad no existiendo ningún hecho ilícito en la materia”, dijo la titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Rincón rechazó también las críticas que han hecho algunos sectores políticos de la propia coalición de gobierno, Nueva Mayoría, por no haber sido informados previamente de que Rodrigo Peñailillo había emitido estas boletas en el año 2012.
“Yo creo que hay que transparentar cuando hay algo que ocultar, pero cuando la gente ha trabajado en empresas que existen y ha entregado informes, creo que no es mucho lo que uno tiene que transparentar”, replicó la ministra.
El propio ministro Peñailillo ha reconocido la existencia de las boletas dadas al operador Martelli, pero ha asegurado que corresponden a estudios que efectivamente realizó, al tiempo que ha negado cualquier vinculación con la cuestionada empresa Soquimich.
Sobre el arriendo de la sede del comando presidencial de Bachelet, el ministro portavoz, Alvaro Elizalde, dijo hoy que fue una operación completamente clara y que figuraba dentro de la rendición de gastos que se realizó ante el Servicio Electoral.
“Eso está más que transparentado, porque la información proviene de la rendición de gastos que se realizó ante el Servicio Electoral. Así fue informado ante el organismo que debe fiscalizar precisamente el cumplimiento de la normativa electoral”, recalcó.
Elizalde reiteró que la campaña presidencial “ se desarrolló entro del marco de la ley y esta información que ha sido publicada ahora fue transparentada oportunamente, porque el contrato al que hace referencia fue rendido ante el organismo fiscalizador ” .
En medio de estas revelaciones, la oposición conservadora ha vuelto a denunciar, como hizo en octubre de 2014, que Jorge Rosenblut, actual presidente de la compañía eléctrica Endesa Chile trabajó como recaudador de fondos en la campaña de 2005 que llevó a Bachelet por primera vez a la Presidencia.