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La búsqueda de cuerpos continuaba este sábado en cuatro nuevas fosas clandestinas halladas en Iguala (sur), donde se cree que fueron enterrados algunos de los estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios.
Muy cerca de allí fueron halladas el 4 de octubre otras cinco fosas con 28 cadáveres calcinados que siguen siendo analizados.
Vecinos de la zona montañosa donde trabajan los peritos hace años que no salen de sus casas por la noche, debido al terror que le tenían a los criminales que irrumpían allí en sus camionetas para deshacerse de sus víctimas.
A veces se oían “gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía una persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros dos”, relata a la AFP Beto García.
Desde las rendijas de su ventana, el campesino dice que alcanzaba a ver fogatas y luces de linternas en la montaña, donde los narcos plantan marihuana.
“La semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te toque”, confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, al caminar frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan los peritos.
Iguala, situada a solo 200 km de Ciudad de México, es una zona en disputa por varios cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de la convulsa región de Guerrero.
A uno de ellos, llamado Guerreros Unidos, se le acusa de contar con el apoyo del gobierno local y de colaborar con los agentes municipales en las balaceras contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.
Antes de este crimen, que tiene conmocionado a México, en Iguala (140.000 habitantes) ya se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas este año.
Los agentes de Iguala -26 de ellos detenidos- eran vistos como socios del crimen organizado y fueron relevados en bloque por el cuerpo federal de Gendarmería.
Testigos aseguran haber visto cómo decenas de estudiantes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.
La fiscalía federal asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y marihuana hacia Estados Unidos, especialmente Chicago, eran hasta hace poco un grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles Los Rojos y La Familia.
Hoy “vemos una asociación con algunos funcionarios municipales” que hizo que “crecieran en posibilidades”, dijo esta semana el fiscal Jesús Murillo Karam.
El gobierno quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones.
El edil está acusado desde hace un año de homicidio mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene varios hermanos narcotraficantes.
Pineda fue acusada en un reporte de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que debía pronunciar ese día.
Los jóvenes, la mayoría de entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa cuando ocurrieron los ataques.
Salomón Pineda, uno de los hermanos narcotraficantes de la esposa del alcalde, está entre los cerca de 40 detenidos y confesó haber enterrado a estudiantes en las últimas fosas halladas.
Los trabajos de la fiscalía general para identificar a los cadáveres avanzan lentamente.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo el sábado que “algunos de los cuerpos, de acuerdo a los avances que se llevan de los peritajes en materia forense, no corresponden a los jóvenes de Ayotzinapa” .
Aguirre, fuertemente criticado por este crimen y por no haber frenado la violencia en su región, no aclaró de cuántos cadáveres ya se tiene información ni si, entre ese total, hay jóvenes.
La fiscalía ha estimado que el martes o miércoles podrá anunciar al menos la primera identificación de un cadáver.
Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que no podía confirmar la información del gobernador.
“Habrá informes (públicos) de la investigación cuando haya avances que se les pueda dar”, dijo.
El vocero de las familias de los desaparecidos, Manuel Martínez, criticó a Aguirre por hacer esas declaraciones antes de que haya un resultado de las pruebas.
Los padres defienden que sus hijos siguen vivos y en manos de policías locales fugitivos. Las autoridades “saben dónde los tienen y lo único que deben hacer es entregárnoslos vivos”, dijo Martínez a la AFP .
México sigue conmovido e indignado por este caso. Decenas de miles de personas marcharon el miércoles para exigir justicia mientras la ONU y Estados Unidos también reclamaron que se esclarezca rápidamente.