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El comité presentó hoy sus conclusiones sobre el séptimo informe periódico de Paraguay sobre la prevención de la tortura y maltratos que examinó los días 26 y 27 de julio.
En su informe observa con preocupación que “directores de centros penitenciarios contra los que se han presentado sucesivas denuncias por actos de tortura rotan en sus funciones sin ser suspendidos de sus cargos, investigados y sancionados”.
Conforme a los datos recabados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, entre 2013 y 2016, la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía recibió 873 denuncias contra agentes estatales, aunque no especifican el tipo de crimen.
Un total de 16 fueron objeto de procesamiento, seis fueron elevadas a juicio oral y ninguna cuenta con una sentencia definitiva. La imputación inicial en la mayoría de las causas, según datos del Mecanismo, se realiza bajo figuras delictivas más benignas, lo que permite negociar una alternativa que elude la pena de prisión, recalcó el comité.
El patrón de impunidad sería debido además a las deficientes investigaciones fiscales, que no logran recolectar pruebas y raramente intervienen de oficio, así como a la ineficacia de las investigaciones forenses. Además, el comité continúa preocupado por la falta de un programa que garantice la protección de víctimas y testigos.
Entre las preocupaciones de los expertos figuran además las “numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, en los departamentos del norte por parte de la unidad militar-policial denominada Fuerza de Tarea Conjunta”, que lucha contra el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico.
La ONU también menciona las informaciones que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, incluso actos de tortura y maltratos, contra personas arrestadas en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y el 1 de abril en Asunción contra la enmienda para habilitar la reelección presidencial.
Por otra parte, la ONU cree necesario que el país reduzca el uso de la prisión preventiva, dado que a finales de 2016 alcanzó el 78 % de la población carcelaria, según el Mecanismo. Sobre las condiciones de detención los expertos apuntan al crecimiento excesivo de la población carcelaria desde 2011, lo que ha generado un nivel de sobrepoblación del 159 %.
Asimismo, le preocupa al comité que entre 2013 y 2017 se registraran 144 muertes bajo custodia y resaltó las constataciones del Mecanismo que apuntan a la negligencia del Estado ante situaciones de violencia entre detenidos, prevención de siniestros y atención médica.
En cuanto a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el comité subraya la demora en las investigaciones de los 18.722 casos de tortura identificados por la Comisión de Verdad y Justicia y el hecho de que de los 400 casos de personas desaparecidas solo se hayan identificado 36 restos óseos en un periodo de 10 años.