Fuentes de la institución confirmaron a Efe que a través de un correo electrónico Ordóñez radicó ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para “ proteger la integridad, libertad personal y garantías judiciales ” , entre otros aspectos, de los más de 11.000 colombianos que han salido de Venezuela en las últimas dos semanas.

A esta medida se añade un informe sobre la crisis humanitaria en la frontera que el procurador ha enviado a la CPI con la esperanza de que este organismo “ abra una investigación de oficio ” .

El informe surge, explicaron las fuentes a Efe, por la imposibilidad de presentar una denuncia ante la CPI, ya que dicha acción corresponde exclusivamente a los Estados.

En este sentido, la Fiscalía de Colombia recolecta pruebas que sustenten una eventual denuncia en La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su cúpula militar, por delitos de lesa humanidad en las deportaciones de compatriotas suyos de ese país.

Según indicaron hoy las autoridades migratorias colombianas, desde que Maduro cerró parte de la frontera hace catorce días para, argumentó, reforzar la lucha contra el contrabando y presuntos paramilitares, 1.381 colombianos han sido deportados por el Gobierno venezolano.

Mientras, organismos de las Naciones Unidas sostienen que otros 10.000 colombianos han optado por abandonar el vecino país ante el miedo de correr la misma suerte que los deportados.

Además del procurador, también han pedido medidas cautelares ante la CIDH el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, y Donamaris Ramírez Lobo, alcalde de la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde se concentran la mayoría de los colombianos que han cruzado la frontera.