El proyecto legislativo, que pretende repartir los beneficios del petróleo de forma equitativa entre todo el país, fue aprobado por el Congreso y para entrar en vigor tan solo depende de la sanción de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La marcha congregó en el centro de Río a cerca de 200.000 personas, según cálculos de la Policía Militarizada divulgados por la gobernación de Río de Janeiro, principal organizadora de la protesta, con la que se pretende que Rousseff vete el artículo que aplica la ley a los contratos petroleros que están en vigor.
“Veta Dilma” o “¿Es bueno para Brasil quebrar a Río de Janeiro?” eran algunas de las pancartas y los lemas más repetidos por los organizadores, entre los que se encontraban autoridades locales, sindicatos, partidos políticos de todo el arco parlamentario y hasta un grupo de apoyo a los derechos de los homosexuales.
En la marcha hicieron acto de presencia varios artistas, como la presentadora Xuxa y la actriz Fernanda Montenegro, candidata al Oscar en 1999 por “Central do Brasil”, futbolistas como el luso-brasileño Deco y campeones olímpicos como el nadador César Cielo y el regatista Torben Grael.
Los principales municipios productores de petróleo, Campos dos Goytacazes y Macaé, los más afectados por el nuevo reparto de las regalías, tuvieron una gran representación en la marcha con el apoyo de sus respectivas alcaldías, que contrataron decenas de autobuses para transportar a miles de personas a Río.
La gobernación de Río de Janeiro calcula que la nueva ley le va a costar a la región la pérdida de cerca de 3.400 millones de reales (unos 1.600 millones de dólares) anuales a partir de 2013, que serían repartidos de forma equitativa entre los 27 estados del país sin tener en cuenta si producen petróleo.
El gobernador regional, Sergio Cabral, dijo en el acto que sin los fondos del petróleo, algunas obras para el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 estarían “comprometidas”.
Si Río de Janeiro no puede cumplir con sus compromisos para estos eventos deportivos, el Gobierno brasileño deberá pagar las obras que han sido planificadas, según los contratos firmados con el Comité Olímpico Internacional y la FIFA.