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El camión de refrigeración era resguardado este lunes en un depósito de la fiscalía del estado de Jalisco (oeste) luego de que vecinos del municipio de Tlajomulco protestaron el sábado por la decisión de autoridades de estacionarlo en un descampado a espaldas de la urbanización Paseos del Valle.
“No lo queremos aquí, que se lo llevan a otro lado, tenemos muchos niños, huele muy feo y se pueden enfermar”, dijo a la AFP José Luis Tovar, un vecino de la urbanización ubicada en la zona sur de Guadalajara.
Las autoridades habían alquilado el camión y lo dejaron en ese punto la noche del viernes tras haber permanecido durante dos semanas en una bodega del barrio Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, donde los vecinos también expresaron su molestia.
“Hay veces que nos llega un olor feo, ya nos hemos percatado de que ya tenemos muchas moscas”, dijo María de los Ángeles Solís, habitante de Duraznera.
El vehículo de carga permanecerá ahora en otra bodega del centro de Guadalajara, mientras las autoridades liberan espacios para albergarlos. El gobierno estatal “está construyendo un espacio para inhumar cerca de 800 cuerpos” a las afueras de la ciudad, dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) , Luis Octavio Cotero.
El código nacional de procedimientos penales indica que los cadáveres relacionados con hechos violentos no pueden ser cremados, “es por eso que se agotaron las áreas de cementerios donde los podíamos inhumar” , explicó Cotero.
El domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado donde recomienda a la fiscalía estatal y al instituto forense que “establezcan un cementerio forense para realizar las inhumaciones de los cuerpos no identificados por sus familiares” .
La Secretaría de Salud de Jalisco, por su parte, descartó algún riesgo para la población por el manejo de estos cuerpos. En lo que va del año se han registrado 1.600 homicidios dolosos en el estado de acuerdo con datos del IJCF. En años recientes, estados mexicanos como Veracruz (este), Guerrero (sur) y Chihuahua (norte) han enfrentado una inusitada crisis en su capacidad para almacenar y examinar el elevado número de cadáveres producto de la creciente criminalidad que afecta a dichas entidades.
Además, se han multiplicado los hallazgos de cuerpos sin identificar enterrados en fosas clandestinas. Un conteo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apunta al descubrimiento de unas 1.300 fosas con casi 4.000 cadáveres desde 2007.