La novedad es resultado de una modificación a la norma que condena los malos tratos a mascotas como perros, gatos o hurones, aprobada en 2014.

Con los cambios, en vigor desde esta semana, quien acabe con la vida de un animal de compañía sin motivo justificado o legítimo, incurre en un delito que prevé castigos que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión, si bien también permite que la sentencia acabe en multas.

Además, el texto eleva en un tercio las penas si la muerte del animal se produce "en circunstancias de especial censura o perversidad".

Este elemento de "perversidad" también se tiene en cuenta a partir de ahora para agravar el castigo máximo previsto a quien, sin acabar con la vida de la mascota, inflija "dolor, sufrimiento o cualquier maltrato físico", fijado entre seis meses y un año de prisión, o multas.

Los cambios surgen a propuesta del partido PAN (Personas, Animales y Naturaleza) y del marxista Bloco de Esquerda con el objetivo de evitar que muchos procesos terminaran archivados por lagunas en la ley.

Es el caso de Simba, un león de cinco años abatido a tiros por un vecino en 2015, que se juzgó como delito por daños patrimoniales.

Las alteraciones a la norma, además de contemplar penas de prisión en caso de muerte, "agilizan los procesos de socorro a animales de compañía", explicó la diputada del PAN Inês de Sousa Real a medios locales.

Las multas que se recauden a partir de ahora por estas situaciones se destinarán en parte a instituciones privadas de uso público o asociaciones que acogen animales abandonados.

El PAN afirma que prepara otra ley para proteger a animales de ganado, que quedan fuera de esta modificación.