El MNPT elaboró un informe sobre los 10 principales problemas identificados que deberían ser atendidos para hacer frente a la crisis del sistema penitenciario. El abuso de la prisión preventiva lidera la lista. En el documento señalan que el país tiene el triste récord de ocupar el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad en prisión preventiva. El 75% de los reos y el 65% de las reclusas están encerrados en esas condiciones.

El siguiente problema es el hacinamiento. En mayo pasado, el índice de ocupación promedio de las penitenciarías de personas adultas alcanzó el 352%. Anualmente, ingresan aproximadamente 1.200 personas a prisión.

Lea también: Medidas para afrontar crisis penitenciaria

Asimismo, las condiciones de privación de libertad ocupan el tercer lugar en la lista de problemas. Al hacinamiento existente se suman el deterioro de la infraestructura, las conexiones eléctricas precarias, filtraciones de humedad y los nulos sistemas de prevención y combate de incendios. Según esta organización, el 11,9% de las personas privadas de libertad no tienen acceso a agua.

Destacan que la atención de salud es deficitaria en todo el sistema penitenciario, ya que no existen suficientes médicos e insumos para atender a todos los presos. Algunas penitenciarías incluso carecen de profesionales médicos en servicio, y ninguna de ellas garantiza la atención sanitaria las 24 horas. Las mujeres no reciben servicios médicos específicos del género.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura también indicó que el Ministerio de Justicia utiliza el traslado administrativo (sin autorización judicial) solo para administrar conflictos, sin tener en cuenta que en muchos casos esas crisis son ocasionadas precisamente con el fin de obtener el traslado.

Nota relacionada: Crisis penitenciaria: Buscan soluciones a corto plazo

Según una investigación realizada por dicha organización, las personas fallecidas en instituciones de privación de libertad fueron 166 adultos y jóvenes, 97 por omisión en la “posición del garante del derecho de la salud”, 35 por violencia, 4 por uso de la fuerza letal por los guardiacárceles, 2 por huelga de hambre y 10 por suicidio. “Cada semana, una persona fallece en el sistema penitenciario”, aseveran.

En cuanto a la corrupción, destacan problemas en las administraciones de los espacios, el acceso a alimentos o insumos, la utilización de celulares, el acceso a visitas íntimas de manera irregular y la compra ilegal de drogas y bebidas alcohólicas. También critican que los capataces reciben “pequeños o muy grandes favores” a cambio de distintos espacios.

También mencionan la falta de instalación y uso de las instituciones del Código de Ejecución Penal, las torturas y malos tratos y la impunidad. Conforme al censo realizado a las mujeres privadas de libertad en 2016, el 35,5% manifestó haber sido víctima de torturas y malos tratos al ser retenidas. Del total de esas mujeres, el 43,1% afirman que fue un castigo físico y el 56,9% del tipo psicológico.

La institución más denunciada es la Policía Nacional, seguida por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía. Afirman que estos casos fueron denunciados al Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, pero generalmente quedan en la impunidad.

Este análisis fue presentado en reunión con altas autoridades de los Poderes del Estado.

Finalmente, el MNPT recomienda a todas las instituciones del Estado que formen parte del proceso y que elaboren políticas de prevención o atención de todas esta situaciones mencionadas.

También exhortan a que se promuevan acciones urgentes, enmarcadas en un plan general de trabajo de todas las instituciones involucradas, destinando los recursos necesarios para enfrentar esta situación.

“El Estado paraguayo, a través de los tres Poderes y sus distintas instituciones, debe iniciar un proceso serio de limitación de la crueldad y la violencia institucionalizada que se observa en el ámbito penitenciario y de las instituciones educativas para adolescentes del país”, concluyen. Finalmente, dan sendos listados de recomendaciones para los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además del Jurado de Enjuiciamiento, los Ministerios Públicos y de Defensa Pública.