Poco después del mediodía de este martes, 6 de agosto, 30 diputados de la oposición hicieron oficialmente el pedido de juicio político contra estas tres autoridades del Ejecutivo. El documento consta de 172 páginas. Esto se debe a la crisis política causada por la cuestionada Acta Bilateral de Itaipú, firmada en secreto el pasado 24 de mayo del corriente. Sin embargo, sin el apoyo de los colorados, no habría votos para la destitución.
En la ocasión, el diputado Celso Kennedy pidió disculpas por el retraso, puesto que la presentación estaba prevista para las 11:00. “Ahora empezaremos a tratar con los otros sectores que no firman con nosotros el juicio político para que finalmente podamos definir esto en la Cámara de Diputados”, sostuvo.
Explicó que el argumento principal del libelo acusatorio se basa en el mal desempeño de funciones. “Vimos que las personas que debieran tener responsabilidad en esta negociación no lo han hecho o lo hicieron negligentemente; vemos que otros se extralimitaron en sus funciones, gente que no tenía nada que ver en el proceso de toma de decisiones”, indicó.
En principio, el pasado jueves 1 de agosto, el intento de juicio político se desactivó tras el retiro de Honor Colorado, que usó como argumento la firma del documento que supuestamente anula la polémica acta. Sin embargo, los parlamentarios de otros partidos como el PLRA y otros opositores siguieron con la intención de llevar a cabo el proceso contra las autoridades del Ejecutivo.
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El escándalo se desató el pasado 24 de julio, cuando renunció el entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien estaba en desacuerdo por lo pactado entre las máximas autoridades de Brasil y Paraguay. Al día siguiente, el presidente Mario Abdo salió a defender el acta, diciendo que era el momento de que Paraguay se comporte como un país serio, que era momento de dejar de ser “pillos y peajeros” y aseguró que la tarifa de la ANDE no subiría durante un par de años.
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Estas declaraciones alentaron el enojo ciudadano, pero todas las autoridades directamente relacionadas a la firma del acta seguían defendiendo el pacto. El propio embajador de Paraguay en Brasil no supo explicar los beneficios para el país. Esa misma fecha, bajo la presión de la opinión pública, renunciaron el titular paraguayo de Itaipú, José Alderete; el canciller Luis Castiglioni, el embajador Hugo Saguier y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, que duró solo unos días en el cargo.
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Estas movidas no fueron suficientes para calmar las aguas ni mucho menos convencieron las explicaciones dadas por las más altas autoridades del Ejecutivo. Posteriormente, salió a la luz que un abogado, Joselo Rodríguez, quien se presentaba como el asesor jurídico de Velázquez, incidió en la modificación del tratado y la eliminación de un punto que era beneficioso para el país.
En la fecha se hicieron públicos mensajes intercambiados entre el presidente Mario Abdo y el extitular de la ANDE Pedro Ferreira, en los cuales el mandatario nacional insistía en que el último firme el acuerdo. Esto reanimó la tensión política en torno al mandatario.