Con la excusa –o amenaza– de supuestamente no poder cubrir las necesidades judiciales de la ciudadanía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, insistió ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante el de Congreso, Blas Llano, y el titular de Diputados, Pedro Alliana, que se apruebe el proyecto de la Corte.
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“En el anteproyecto que hemos remitido incluimos las principales necesidades de la justicia, muy reducidas en comparación a las pretensiones iniciales. Necesitamos una justicia fortalecida, con los recursos necesarios para cubrir las exigencias legales, el crecimiento vegetativo y el aumento de recursos humanos, muchos de ellos establecidos por decisiones de orden legal”, justificó el titular de la Corte.
Lejos de adecuarse a la política de austeridad a que obliga la difícil situación económica que atraviesa este año nuestro país, la Corte pretende lograr miles de millones de guaraníes para destinarlos a gastos superfluos como bonificaciones y gratificaciones de sus funcionarios.
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En total, pretenden destinar, solamente en beneficios para sus funcionarios, unos G. 162.000 millones, y su presupuesto general, que ronda los G. 1,380 billones, representa una aumento del 16% con relación al de este año, dejando claro que la austeridad no se concibe en este poder del Estado.
Jiménez Rolón indicó que no solamente plantean este año cubrir los beneficios de los agentes judiciales, sino que plantean aumentar la cantidad de juzgados a nivel país, así como aumentar las responsabilidades de los juzgados de paz. “La creación de más juzgados es un pedido recurrente de los ciudadanos y abogados interior del país”, argumentó.
Este presupuesto solicitado incluye los millones de guaraníes para cubrir beneficios “vip” tales como seguro médico privado y otros ya acostumbrados por los funcionarios del Poder Judicial.