El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, y los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón fueron la semana hasta el Congreso, en donde conversaron con su titular, el senador Blas Llano. En la ocasión, abogaron por la aprobación del presupuesto del Poder Judicial del 2020, en donde se prevé la suma de G. 162.000 millones para beneficios de funcionarios.
De los G. 162.000 millones (US$ 26 millones), G. 113.000 millones es para aumentar el sueldo a alrededor de 10.000 funcionarios; G. 23.000 millones es para incrementar de G. 680.000 a
G. 816.000 el seguro médico que se paga por cada empleado; G. 13.000 millones es para elevar el monto de la bonificación por grado académico; y otros G. 13 millones es para bonificación por responsabilidad en el cargo a los funcionarios de Registros Públicos, Registro del Automotor y de Señales y Marcas.
Según fuentes, para los registradores, que ganan G. 4.950.000 mensual, la Corte prevé una bonificación de G. 700.000 y G. 1.000.000 para asesores y jefes registrales, que perciben actualmente G. 8 millones al mes.
En el incremento salarial para los funcionarios no fueron incluidos los 1.049 magistrados del país, los ministros de la Corte, ni tampoco los técnicos forenses. Estos últimos, ya obtuvieron un importante aumento que ellos mismos gestionaron ante el Congreso y que los ministros pretendieron anular, como parte de la supuesta “política de racionalización”, de la cual se venían jactando, pero que olvidaron al momento de elaborar el presupuesto del Poder Judicial para el 2020.
Los nuevos ministros de la Corte, cuando estaban en la terna y luego de ser designados, prometieron realizar cambios profundos en el Poder Judicial, en donde la mora y el deficiente servicios a los usuarios, además de un elevado porcentaje de corrupción, eran y siguen siendo los graves problemas de la administración de justicia. Cuando todos creíamos, que nos iban a presentar proyectos para reducir la mora y mejorar el servicio, priorizaron el aumento salarial y otros beneficios para los funcionarios judiciales.
Es decir, que “los nuevos” se están dejando llevar por las viejas prácticas, que mucho se les criticaba a los ministros que se fueron y algunos que siguen, pero que ya están a punto de cumplir la edad límite de 75 años.
Eugenio Jiménez y Manuel Ramírez Candia fueron los primeros cambios que se dieron en la máxima instancia judicial. Luego se sumaron, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes.
Justificación
Para justificar el aumento de salario y los demás beneficios exigidos por los sindicalistas del Poder Judicial, se alegó que la última suba de sueldo fue en el 2012, de un 15%. Sin embargo, desde aquella vez a hoy el salario mínimo fue de G. 1.600.000 a casi G. 2.200.000.
Lo que los ministros no consideraron es que para ganar el salario mínimo, la gente tiene que trabajar 8 horas, no les paga un seguro particular y demás beneficios.
El total del presupuesto solicitado por la Corte para el 2020 es de G. 1 billón 368 mil millones. Es decir, G. 258 mil millones más que el año pasado, que fue de G. 1 billón 380 mil millones.