El Tribunal resolvió por unanimidad la prescripción del hecho punible, ya que, según el Código Procesal Penal, se trata de un delito con una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa, pero a la fecha ya transcurrió más del doble del plazo, ya que el hecho fue cometido hace siete años, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

A la fecha de haberse celebrado la audiencia preliminar, en octubre de 2018, la causa por usurpación ya estaba prescripta, por lo que el Tribunal resolvió remitir al Consejo de Superintendencia las actuaciones judiciales.

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En cuanto a la figura de lesión de confianza, Buzarquis alegó que para que se configure ese hecho debe haber un daño patrimonial al Estado y aseguró que en su caso no hubo pago, ni siquiera trámite para ese efecto. “Más que una simple expresión, tenemos documentos”, dijo.

La fiscala Victoria Acuña imputó a Salyn Buzarquis el 24 de junio de 2014 por haber firmado un convenio marco y dos anexos en Roma, Italia, con el presidente de Anas International Enterprise, Pietro Ciucci, el 24 de setiembre de 2012 cuando se desempeñaba como ministro de Obras Públicas.

De acuerdo a la acusación, dicha compañía se comprometía a realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú, servicio por el cual el MOPC tenía que pagar US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá. Los trabajos nunca se hicieron.