El representante de los productores rurales, Luis Villasanti, insistió en que se necesitan 60.000 uniformados en las calles, y en la actualidad solo hay 24.000 en total, de los cuáles solo 7.000 están verdaderamente en la calle, en tanto que el resto rota para el descanso de las guardias o hace oficina.
En este sentido, Villasanti y el gremio de la producción en general enfatizaron en que se debe triplicar el presupuesto de la Policía.
Al consultársele qué opina de los uniformados que custodian a autoridades políticas en forma privada, respondió tajante: “La Policía tiene que estar en la calle; no puede estar en un escritorio ni custodiando a funcionarios”. “Hablé con el actual comandante, y me dijo esto mismo: que es de la teoría de que los directores de los departamentos deben ser de la calle”, sostuvo Villasanti.
Respaldo a Villamayor
Asimismo, el titular de la ARP dijo que su gremio “cree sinceramente que (el ministro) con mucho sacrifico está haciendo lo que humanamente puede”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Nosotros vemos que el ministro está haciendo un trabajo ecuánime muy responsable”, calificó mostrando un claro respaldo al ministro Juan Ernesto Villamayor, duramente criticado luego de que se produjera la liberación del peligroso reo Jorge Samudio alias Samura en la Costanera de Asunción, y que varios sectores sociales pidieran la renuncia o destitución de secretario del Ejecutivo.
Añadió que considera clave que la población vuelva a “dignificar y a creer en la Policía, porque es nuestra”.
Lamentó además la escasez de patrulleras. “Tienen que salir, pero cómo van a salir es otro problema. Tengo entendido que se necesitan 1.500 patrulleras y hay 300”, criticó Luis Villasanti.
Enfatizó también están a favor de tomar los recaudos legales necesarios “para que policías y militares se coadyuven para tener una mayor seguridad”.
Dijo que no está de acuerdo con la destitución del ministro porque “es cuestión de mirar a países del primer mundo”, para notar que no se destituye a autoridades “porque ocurre un acto delictivo”.