Los fiscales Francisco Torres y Néstor Cañete notificaron ayer a los pobladores de los asentamientos “500”, “Villa Rodríguez” y “Nueva Esperanza” sobre el cumplimiento de la tercera fase del protocolo de desalojo, que arrancó este martes por la mañana, informó Gladys Villalba, corresponsal de ABC Color en la zona.
Estas familias invadieron más de 10 hectáreas en total de forma simultánea en mayo de 2018. Los asentamientos están en la misma compañía, Cañada San Rafael, pero son tres propiedades de diferentes dueños.
El operativo arrancó en el asentamiento “500”, el más poblado de todos y en donde se temía una reacción de los invasores, que finalmente se retiraron de manera pacífica, aunque antes pidieron tiempo a los fiscales y policías para mudar sus pertenencias. El comisario Carlos Aguilera, uno de los intervinientes, les emplazó hasta el mediodía y les prometió la provisión de camiones para el traslado de sus pertenencias.
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En el desalojo operan carros hidrantes y cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el corte de las innumerables conexiones clandestinas, que representan un alto riesgo.
Quien está a cargo del pelotón de policías es el comisario Osvaldo López, jefe de la comisaría 3ª de Luque. El jefe policial también estuvo al frente del operativo en el asentamiento Paz del Chaco de Luque en marzo pasado, que resultó en varios incidentes y en donde hubo mucha violencia.
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Estas tierras, más de 10 hectáreas, fueron invadidas en mayo de 2018. Según los registros de Catastro Nacional, una de las propiedades, la más extensa donde están unas 500 familias, pertenece a Marcelo Heynderick. Horas después de la invasión que tuvo lugar hace un año, Juan Bosco Ferreira, actuó de “vocero” de las familias, que aseguraron haber ingresado al sitio “por necesidad”.
El hombre manifestó que la propiedad antes “era un monte, un aguantadero de delincuentes y drogadictos, motivo por el que decidieron entrar a limpiar y a ocupar”. Reconocieron en todo momento que la propiedad es privada.
