La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo esta mañana en el Palacio de Justicia de Asunción y la Fiscalía había pedido prisión preventiva para todos los imputados. La defensa de los policías pidió arresto domiciliario, medidas alternativas a la prisión y hasta hubo una solicitud de excarcelación, informó el juez de la causa, Gustavo Amarilla.
Los uniformados fueron detenidos en el operativo “Dignidad” e imputados ayer por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, narcotráfico y asociación criminal por el fiscal Hugo Volpe. Todos ellos se abstuvieron de declarar y ya estaban arrestados en la Agrupación Especializada.
Se trata de: el comisario principal Edelio Celso Loreiro Báez (46), los subcomisarios Pedro Molinas Noguera (43), Rubén Darío Duarte Jaquet (40) y Sebastián Ramón Silva López (38); el suboficial superior Venancio Bolaño Torrez (50), el suboficial inspector Mario Figueroa Velázquez (41), el suboficial primero Carlos Ever Navarro Morales (34), el suboficial inspector Pablo César Moraez Melgarejo (32) y el suboficial inspector Luis Carlos Gómez Santa Cruz (34).
El fiscal imputó por cohecho pasivo agravado, transgresión del artículo 39° de la Ley N° 1.340/88 “De drogas”, que establece: “el funcionario público, militar o policial que prevalido de su investidura, o con su complicidad o encubrimiento, cometiere cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, sufrirá la pena máxima correspondiente al grado de su participación”, y también pidió la prisión preventiva para todos ellos.
Además, los policías fueron imputados por el delito de asociación criminal.
Audios
Escuchas telefónicas autorizadas por el juez Amarilla revelan una comunicación entre el comisario Edelio Loreiro con el jefe narco Faustino Ramón Aguayo Cabañas (42), “en la que se pone a disposición de la estructura criminal y que están para lo que necesitan. Sabemos que en el mundo criminal esto no es gratis”, informó Volpe.
En otro audio se revela que los policías incluso les invitaban a los narcos a festejos y pidieron dinero hasta para construir un baño.
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En cuanto al subcomisario Pedro Molinas, según Volpe, el 26 de noviembre de 2018, este había incautado un cargamento de Aguayo, a quien primero exigió US$ 400.000 y luego bajó a US$ 200.000 para liberarlo.
Molinas y los demás detenidos, destinados en zonas de cultivo, cobraban mensualmente G. 1.500.000 y a veces solicitaban más como “refuerzo”. También escoltaban la carga y alertaban a los transportistas si veían a otros policías.
